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Jonathan Nácar

La actuación y la omisión de las autoridades, federales y locales, ha colocado, nuevamente, en alto riesgo una de las reservas ecológicas más importantes, la de Cabo Pulmo en Baja California Sur, y a los habitantes de varias poblaciones a sus alrededores. 

Se trata de una herencia del ahora exgobernador panista Carlos Mendoza Davis, que en 2019 anunció una inversión millonaria que elevaría, dijo entonces, la competitividad de Los Cabos dentro del segmento de lujo. Pero las primeras consecuencias se dejaron ver ahora, apenas unas semanas atrás.

Los propietarios del desarrollo turístico Costa Palmas, ubicado en la Ribera de Los Cabos en Baja California Sur, pusieron en marcha un proyecto de obra para obstruir el cauce del Arroyo Santiago, a fin de evitar que se inunden sus instalaciones, y al mismo tiempo recuperar más de 400 hectáreas de cultivo para ampliar el complejo turístico. Pero la manifestación de impacto ambiental se los prohíbe y los daños a las poblaciones aledañas ya son una realidad.

Documentos en poder de ejecentral, así como denuncias ciudadanas y la opinión de especialistas, muestran que el proyecto de obra para obstruir el cauce del arroyo Santiago y Los Pocitos representa una afectación directa, tanto al ambiente como a la comunidad, ya que la barrera de contención que se edificó tras la inundación del campo de golf  –que se registró en agosto pasado–, implica también afectaciones a la vía que comunica las zonas pesqueras entre la Ribera y Cabo Pulmo. 

Sobre el daño ambiental en esa región, la especialista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Sarahí Gómez, alertó sobre las implicaciones negativas de este desarrollo de Costa Palmas sobre la reserva de Cabo Pulmo, ubicada a unos 20 kilómetros del proyecto anunciado a finales de marzo de 2019 por el entonces gobernador, Carlos Mendoza Davis.

“Sólo que lo desarrollaron justo en la desembocadura de uno de los arroyos principales de la región, el arroyo Santiago. Al pasar una tormenta fuerte, ni siquiera un huracán, la marina se les azolva, se caen los diques y muros de contención y todo se viene abajo. No sólo tienen que reinvertir de manera constante, sino que también hay un daño ecológico irreversible”, advirtió Sarahí Gómez desde abril de 2020 a la revista Gatopardo. 

Lo que dijo la experta hace 17 meses ya se hizo realidad. En agosto de este año, tras el paso del huracán Olaf y las torrenciales lluvias que azotaron a Baja California Sur, las precipitaciones causaron inundaciones del poblado de la Ribera y el desbordamiento del cause natural del arroyo que pasa por el complejo inmobiliario de Costa Palmas. 

Medios locales y usuarios en redes sociales evidenciaron a través de imágenes y videos los estragos que literalmente ahogaron el campo de golf del desarrollo, cuya inversión fue anunciada en más de 25 mil 500 millones de pesos por el director del complejo Rodrigo Bretón Galindo; aunado a la denuncia de grupos ambientalistas que señalaron la aprobación de las autoridades ambientales para su desarrollo, pero de manera fraccionada, es decir, con permisos y autorizaciones para cada parte del complejo. 

Como medida de urgencia ante la recuperación del arroyo por las intensas lluvias, en las primeras semanas de septiembre, los propietarios de Costa Palmas emprendieron la obra de protección y encauzamiento del arroyo Santiago-Pocitos, y a través de maquinaria pesada edificaron un cerco de piedra ubicado justo en el camino vecinal que colinda con el campo de golf del desarrollo, pero que a su vez comunica las comunidades pesqueras de la Ribera y Cabo Pulmo. 

“Luego que en las lluvias pasadas su megaproyecto quedará hecho pedazos por el cauce del arroyo, ahora los dueños de Costa Palmas decidieron colocar enormes piedras en el mismo para continuar avanzando en su construcción ¿Qué consecuencias tendrá que el cauce del arroyo Los Pocitos sea modificado por los desarrolladores? ¿Tienen permiso para hacerlo? ¿Qué harán los nuevos gobiernos al respecto?”, cuestionó una publicación de El Organismo, sitio de noticias e información sobre el medio ambiente. 

Pese a los señalamientos de los impactos adversos respecto a la modificación del cauce de los arroyos Santiago y Los Pocitos, la hoy expresidenta municipal de Los Cabos manifestó ante la dirección general de la Conagua en el estado, la necesidad de encausar los arroyos de la Ribera y los Pocitos al considerarlos como los de mayor riesgo, no sólo para “dar certeza de que no se pierdan las áreas de cultivo agrícolas, y al mismo tiempo dar certeza a los desarrollos inmobiliarios por el monto de las inversiones y generación de empleos que se están dando en esta delegación”. 

Así lo precisó la entonces alcaldesa Jesús Armida Castro en un oficio del 15 de julio pasado, dirigido a Víctor Manuel Castañón Arcos, director general de la Conagua en Baja California Sur, en el que se pide dar seguimiento al proyecto de encausamiento y a fin de que el funcionario conozca “las áreas que sufren afectación” y lo conmina a realizar una reunión de trabajo en el lugar “con la intención de llegar a materializar esta obra”. 

Es decir, la falta de supervisión y atención por parte de las autoridades federales, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), y del estado, para vigilar estas obras ha abierto la puerta para que las obras continúen sin atender a la población que ha hecho públicas las anomalías.

Baja California Sur

Abuso o negligencia

Las consecuencias de edificar cualquier tipo de construcción en medio de un cause natural de agua pareciera una advertencia obvia, pero más allá de esa situación se trata de un criterio que fue advertido y restringido en la manifestación de impacto ambiental del proyecto de “rehabilitación y estabilización de la zona de playa frente al desarrollo turístico Costa Palmas”. 

El documento fechado en agosto de 2020 y elaborado por la agencia especializada Proyecto Ambiental y Sustentable, SC., señala en la vinculación del proyecto con los criterios aplicables del Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos, que recuerda que “las construcciones y obras de urbanización deberán respetar los cauces de los arroyos y escurrimientos”. 

›Y respecto a dicho criterio, denominado F1 respecto a los asentamientos humanos la vinculación con el proyecto establece claramente que: “Para el proyecto de rehabilitación y estabilización de la zona de playa frente al Desarrollo Turístico Costa Palmas, no se construirán obras que obstaculicen el cauce del arroyo Santiago ni zonas de escurrimiento”. 

Mientras que en el criterio F3 del mismo apartado en el documento se reitera que para dicho proyecto de rehabilitación “no se construirán obras en el arroyo Santiago, ni se crearán divisiones físicas. Además, con el proyecto no se afectará el derecho de vía de caminos existentes”, debido a que uno de los intereses del proyecto implica el recuperar la franja de arena que se ha erosionado, y a su vez acción “permitirá restablecer la zona federal marítimo terrestre que se ha modificado, de este modo se evitará que la franja se continúe perdiendo y se prevendrá la afectación de particulares ante la posible pérdida de terrenos privados”. 

Parte de la relevancia del arroyo Santiago, sobre el cual se encuentra el complejo de Costa Palmas, es que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dicho acuífero es una alternativa para abastecer en el futuro la demanda del crecimiento turístico de Los Cabos, por lo que, para el proyecto de Rehabilitación y estabilización de la zona de playa, “no se contempla el aprovechamiento permanente de agua potable”, establece la manifestación de impacto ambiental. 

Ante el riesgo, además, que implica para la conservación del que es considerado el arrecife de coral más grande del Golfo de California, el 14 de septiembre de 2020 se presentó la primera de al menos seis solicitudes en los últimos dos años de apertura para someter a consulta pública los proyectos en la zona, pues de acuerdo a lo documentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) el desarrollo Costa Palmas ha sido evaluado por la Semarnat de forma fragmentada desde inicios de 2007, debido a lo cual la autoridad no contempló los impactos ambientales de manera conjunta al emitir la autorización del complejo.

“Es preocupante la tendencia mostrada por la Semarnat durante los últimos años al cerrar los espacios para la participación de la comunidad local en los procesos de evaluación de proyectos turísticos que pretenden instalarse en la región de Cabo del Este”, denunció Judith Castro, presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario de Cabo Pulmo, desde diciembre de 2020 luego de reiterarse la negativa por parte de la dependencia federal para aceptar las peticiones de consulta pública en torno a la “Rehabilitación y estabilización de la zona de playa frente al desarrollo turístico Costa Palmas”. 

›Mientras los desarrolladores de Costa Palmas intentan hacer proceder un trámite más de permiso de construcción ante la Conagua, especialistas consultados refieren las dificultades que tendrán por obtenerlo debido a que el trazo del proyecto de obra no es coincidente con los límites de cauce y la zona federal autorizada y validada, por lo que la empresa tendrá que realizar adecuaciones el proyecto de obra, para su autorización. 

Lo anterior podría terminar por retrasar el proyecto de ocho a 10 meses, implicando que en el inicio de los trabajos estarían llevándose a cabo durante la temporada de huracanes del próximo año. Esto significa un mayor riesgo, porque los arroyos de interés conducen grandes cantidades de agua y arrastre de sedimentos.

Baja California Sur

Crecimiento sin equilibrio

En enero de 2019, dos meses antes de que el entonces gobernador Carlos Mendoza Davis anunciara el megaproyecto de cuatro hoteles y 600 unidades residenciales de Costa Palmas, el comisariado ejidal de La Ribera –que preside Leopoldo Ojeda Castro–, anticipaba su aprobación sobre el proyecto; así como su rechazó ante las acciones legales de asociaciones civiles al considerar que “la suspensión de dicho proyecto sería un retroceso para el progreso de nuestra comunidad y afectaría gravemente el bienestar social y el futuro de la ribera y sus comunidades aledañas”. 

Para Blanca Pedrín Torres, empresaria y activista originaria de Los Cabos, la realidad es distinta ya que asegura que ante un “ecosistema frágil por inversiones trasnacionales estamos impactando uno de los lugares privilegiados. No podemos seguir teniendo un desarrollo sostenible de la manera que estas empresas continúan depredando”. 

›En entrevista con este periódico, Blanca Pedrín acusó que por parte del gobierno y las autoridades encargadas y responsables de vigilar el cumplimiento de que los planes de desarrollo urbano no sólo cumplan con la legalidad y el estado de derecho, sino con el debido respeto de las comunidades, priorizando la preservación, conservación y respeto al medio ambiente, existe un contrasentido. 

“Existe una doble moral, una situación donde los gobiernos mencionan con tal de incrementar las fuentes de trabajo, y sobre todo con Covid, para justificar; sin embargo, no se tiene una planeación integrada, no se tiene una planeación clara de hacia dónde vamos y qué queremos. Ya tenemos muchos años en que Los Cabos están creciendo de una manera desordena, desequilibrada e injusta”, aseveró. 

Muestra de ello, añadió la activista ambiental, es que a mediados de septiembre pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cuatro proyectos en Costa Palmas, “precisamente por incumplimiento a las leyes donde operan sin permisos, destruyendo esteros, desviando arroyos y sobre todo violando los derechos de comunidades centenarias donde no respetan desde accesos a nuestras playas, la pesca ribereña y una cantidad de derechos irrenunciables que nuestra Constitución nos otorga”. 

Al respecto la Profepa reportó el 23 de septiembre que habían sido detectadas obras y actividades de relleno con arena en una zona federal marítimo terrestre sin autorización legal, y en atención a una denuncia ciudadana se había clausurado el proyecto inmobiliario.

Lo cierto es que, a decir de diversas denuncias ciudadanas, la incertidumbre ha sido un factor en favor de las empresas trasnacionales que encabezan estos desarrollos, pues en aras de generar fuentes de empleo, la turbiedad de los permisos y evaluaciones de impacto ambiental parecen ser factores que pasan por alto las autoridades responsables de vigilar su cumplimiento. 

“Existen actividades en áreas donde están violando las leyes, pero, ya no se sabe cuáles son los permisos que tienen, cuáles son los permisos condicionados, qué clase de permisos son, quién está supervisando (…) Se están sirviendo con la cuchara grande en aras de fuentes de trabajo y desarrollo, pero más que eso es un crecimiento desordenado, desequilibrado y cero sustentabilidad”, acusó Blanca Pedrín. 

Precisamente, cuenta Pedrín Torres, fue su convocatoria para que más desarrolladores hoteleros se sumen como protectores del medio ambiente y el choque con los “intereses particulares ajenos a la comunidad”, lo que propició que a finales del mes pasado fuera expulsada de la Asociación de hoteles de Los Cabos, ante su oposición a seguir construyendo complejos turísticos sobre causes y reservas naturales. 

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