El Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García tiene 66 millones 981 mil 578.81 pesos pendientes por aclarar, se determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y reportó en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, cuya tercera entrega consolidada fue publicada hoy.
La auditoría fue practicada al 62.2% del total de recursos públicos federales ejercidos (el cual fue de poco más de mil 24 millones de pesos) y se enfocó en particular en los recursos administrados por el Organismo para dedicarlos a subsidios, ayudas sociales, y servicios generales, y encontró que, en términos generales, “no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Aspectos destacables
La ASF destaca en el Informe algunos aspectos; por ejemplo, que el Organismo “carece de manuales de organización y procedimientos, no cuenta con controles para acreditar el ingreso y salida de los materiales y recursos públicos federales de las sedes educativas”.
En el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar tampoco se verifican ni validan “los documentos presentados por los aspirantes a fungir como personal docente y administrativo”,
y falta “evidencia de la comunicación y supervisión” del personal, señala la auditoría.
Montos principales
La ASF encontró que que en el rubro de Servicios Generales “se identificaron pagos improcedentes”. Ejemplos de estos fueron: el arrendamiento de oficinas centrales por 447 mil y el arrendamiento de un inmueble en la Ciudad de México por un millón cien mil trescientos pesos.
Además, en el rubro de Ayudas Sociales se les pagaron un total de 17 millones 320 mil 400 pesos a 26 docentes y 75 administrativos “sin haber cumplido con los requisitos de las convocatorias emitidas” por el Organismo Coordinador.
Pero los principales montos por aclarar estuvieron en el rubro de subsidios y subvenciones, ya que “no se presentó la totalidad de documentación justificativa y comprobatoria sobre el ejercicio del recurso público federal de 19 sedes educativas”, señala la ASF, lo que representó 46 millones 110 mil 700 pesos .
Se hicieron pagos a dos personas físicas por 550 mil pesos y un millón 900 mil pesos, así como aguinaldos y sueldos a otras dos por 456 mil 900 pesos, “derivado de las sentencias definitivas de un Juicio Ordinario Laboral” que, afirma la ASF fueron improcedentes.
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