La Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó contratos por 37.3 millones de pesos a la empresa Informática Aplicada a la Ingeniería S.A. de C.V. y la incluyó en licitaciones de invitación restringida, a pesar de que estaba denunciada penalmente por la propia empresa productiva del Estado por no devolver materiales y haber presentado propuestas con información alterada.
En la auditoría interna número DIS-002/2024, de la cual tiene copia ejecentral, se revela que en 2023, CFE Distribución, la misma que denunció a Informática Aplicada a la Ingeniería, contempló a esta compañía en al menos tres procesos de invitación restringida.
“En los fallos de los procedimientos de invitación restringida con números CFE-0003-IRCON-0003-2023, CFE-0003-IRCON-0004-2023 y CFE-0003-IRCON-0005-2023, se propuso para participar a la empresa Informática Aplicada a la Ingeniería, S.A. de C.V, aun cuando estaba denunciada penalmente por CFE Distribución, por la falta de devolución de materiales del contrato número 9400090397, descalificándose a la concursante por presentar en sus propuestas información alterada en el citado contrato”, precisa.
De acuerdo con información oficial, el contrato número 9400090397 al que hace referencia la auditoría interna fue para la modernización de la subestación eléctrica Patera 23 KV, primera etapa.
En una revisión que hizo este medio, se encontraron dos contratos que la CFE y la CFE Transmisión otorgaron a Informática Aplicada a la Ingeniería en 2023, el mismo año en que se llevó a cabo la auditoría interna mencionada. Ambos contratos suman 37.3 millones de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El contrato de la CFE, por 19.7 millones de pesos, fue para el tendido de cable de guarda tipo OPGW con fibra óptica en localidades de Oaxaca. Por su parte, el contrato de la CFE Transmisión fue por 17.6 millones de pesos para el tendido de cable de guarda con fibra óptica en el ámbito de la Gerencia Regional de Transmisión Oriente 2023.
La misma auditoría, cuyo informe está fechado el 22 de marzo de 2024, destaca que CFE Distribución ha comenzado obras sin tener la Manifestación de Impacto Ambiental de los proyectos, tiene debilidades en los procesos de contratación para subestaciones eléctricas y cuenta con 33 registros de obras que implican 33.6 millones de pesos, mismas que fueron canceladas sin el soporte documental correspondiente.
Por ejemplo, para la construcción de terracerías y una barda perimetral en Los Cabos, Baja California Sur, no se tenía un resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que es un instrumento de la política ambiental que tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar los daños al medio ambiente.
“(Hay) deficiencias en la planeación de la obra civil denominada ‘Construcción de obra civil de terracerías y barda perimetral para la S.E. Buenavista Bco. 1, en el municipio de Los Cabos, B.C.S.’, en el ámbito de la Gerencia Divisional de Distribución Baja California, debido a que se incrementó el tiempo y monto contratado originalmente, al iniciar el procedimiento de contratación sin contar con la resolución favorable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), incumpliendo las disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras”, precisa el documento.
Además, los auditores observaron que por las variaciones a la trayectoria del Tren Maya, solicitados por el Fondo Nacional de Turismo se realizaron trabajos no considerados en el contrato número 9400109562, el cual se refiere a la construcción de la ampliación de la subestación eléctrica Insurgentes, en Chetumal.
Y señala: “En el contrato 9400109395 relacionado con servicios al Tren Maya, no se ha realizado el cierre administrativo de la obra por la falta de entrega de estimaciones por parte de la contratista de los meses de abril a agosto de 2023, para su revisión, aprobación y pago, sin que la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular haya aplicado los mecanismos establecidos en el contrato por el incumplimiento por parte de la contratista”.
El informe, firmado por el auditor interno de CFE Distribución, Horacio Trujillo Robles, dice también: “Toda vez que se determinaron debilidades de control interno y deficiencias en la planeación, contratación, ejecución, pago y capitalización de las obras de los contratos revisados, resulta recomendable concluir con la instrumentación de las acciones para atender las recomendaciones correctivas y preventivas que fueron comprometidas en las cédulas de observaciones, a efecto de que el proceso de obras y servicios relacionados, se realice en apego al marco normativo aplicable”.
En 2023, CFE Distribución, que es una empresa productiva del Estado subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, entregó dos mil 429 contratos de obras y servicios por un importe de 7 mil 758 millones de pesos.
La auditoría seleccionó para su revisión 281 contratos de obras y servicios de tres gerencias divisionales de distribución: Valle de México Centro, Peninsular y Baja California, “en función de la importancia financiera que representan respecto al total de recursos contratados, y a la recurrencia de observaciones determinadas en ejercicios pasados”.
De esa muestra seleccionó cinco contratos adjudicados por un monto de 518 millones de pesos para una revisión a fondo, además de que analizó cinco mil 810 registros de obras en proceso por ocho mil 629 millones de pesos.
“En el Programa Anticorrupción de la CFE, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, se establece que se realizará una fiscalización acentuada a las áreas, procesos y rubros del gasto aprobado de CFE y sus EPS (empresas productivas subsidiarias) sensibles a las prácticas corruptas, en donde existan factores que favorezcan el uso ineficiente de los recursos públicos, debiendo imperar una política de tolerancia cero con las prácticas corruptas y que los servidores públicos deben desempeñarse con honestidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones”, resalta.
La Comisión Federal de Electricidad tiene un plazo para solventar las observaciones del auditor interno; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, en la Plataforma Nacional de Transparencia aún subsistían las irregularidades detectadas.