Crece la tendencia a esconder homicidios bajo la alfombra

Apartir de 2019 se desató en los estados de la República una carrera para barrer debajo de la alfombra las estadísticas sobre homicidios.

La maniobra es sencilla: del total de homicidios registrados por las fiscalías de los estados, una cantidad cada vez más pequeña se coloca en la categoría de “dolosos”, aquellos crímenes que se cometieron con intención, y que al ir a la baja, son el indicador que utilizan las autoridades ante la opinión pública para medir la supuesta eficacia de sus estrategias de seguridad.

En cambio, una cantidad cada vez mayor de asesinatos se coloca en “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, un rubro que nunca es mencionado por los gobiernos, ni por el federal ni por los locales. Y a pesar de que esta categoría ha crecido exponencialmente en la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las fiscalías de los estados no han explicado la razón.

›Y las autoridades federales tampoco han dado a conocer si se trata de un error metodológico, si hay factores externos que influyen en la clasificación de los delitos o si hay una intención deliberada para alterar las cifras.

Datos del SESNSP muestran que entre 2015 y 2018 el número de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal” era equivalente, en promedio, al 21% de los homicidios dolosos. Pero la cifra se ha duplicado en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues entre 2019 y 2023 el número de “otros delitos” representó, en promedio, 42% de los asesinatos intencionales.

Movimientos atípicos en BCS y Campeche

Un caso que ilustra esta tendencia es Baja California Sur. En 2015, la Fiscalía estatal reportó a la autoridad federal 201 homicidios, de los cuales 151 fueron catalogados como dolosos, mientras que sólo hubo tres “delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”.

Esto significa que los “otros delitos”
—categoría que se utiliza cuando las autoridades judiciales no pueden determinar si una muerte se debió a homicidio, suicidio o accidente— fueron equivalentes a 1.9% de los asesinatos clasificados como intencionales.

Paulatinamente, los criterios de clasificación se fueron alterando hasta llegar a 2023, cuando la Fiscalía sudcaliforniana sólo consignó 24 homicidios dolosos y registró 210 como “otros delitos”. Es decir, las muertes “ambiguas” multiplicaron por nueve a los asesinatos confirmados.

Ante la opinión pública, las cifras oficiales muestran que la violencia homicida bajó, pero subyace un aumento de 7,233% en los fallecimientos clasificados como “otros delitos que atentan contra la vida”, en las que se supone que las fiscalías no saben prácticamente cómo murieron esas personas.

Otro caso que ejemplifica el fenómeno estadístico es Campeche. En 2015, la Fiscalía local notificó 118 homicidios, de los cuales 49 fueron dolosos, en tanto que los “otros delitos que atentan contra la vida” fueron 10.

Al paso de ocho años, las cosas se invirtieron. En 2023 hubo 213 homicidios, de los que sólo 91 adquirieron la categoría de dolosos, en tanto que los “otros” fueron 315.

Sumas y restas

Decía el escritor estadounidense Mark Twain que existen tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas.

Podría agregarse una cuarta clasificación: las estadísticas que se alteran para encubrir una deficiencia o para simular un resultado que no existe.

En el caso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los datos muestran que los homicidios dolosos tuvieron un ascenso acelerado de 2016 a 2018, se contuvieron en 2019 y desde entonces han venido a la baja.

Hasta ahí podría deducirse erróneamente que la estrategia nacional de seguridad ha funcionado, pues no sólo frenó la tendencia al alza de la violencia homicida, sino que supuestamente ha logrado reducirla, aunque de manera lenta, como se aprecia en la siguiente gráfica:

No obstante, la aparente contención de los homicidios intencionales ha ido aparejada del aumento paulatino del rubro de “otros delitos que atentan contra la vida”, sin que hasta la fecha se haya dado una explicación, por parte de los gobiernos federal o estatales, sobre los motivos de esta relación inversamente proporcional.

“Lo que hemos visto en estos últimos cinco años es que las cifras pueden indicar una manipulación y ocultamiento de la información”, afirma María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común, que ha dado seguimiento a las inconsistencias de los registros de incidencia delictiva.

“Las cifras que nos da la autoridad y que provienen de las fiscalías nos están mintiendo y se están mintiendo a sí mismas, lo cual es sumamente grave, porque para diseñar una estrategia de seguridad se necesita saber qué delitos se están cometiendo y cómo se están cometiendo”, agrega la activista.

Una prueba de que la aparente baja en la violencia homicida no es del todo real es cuando se suman los homicidios dolosos y los “otros delitos que atentan contra la vida”, que en conjunto muestran un comportamiento estacionario, como se aprecia en la siguiente gráfica:

Colima y Jalisco, las excepciones

Entre 2015 y 2023 hubo dos estados de la República que todos los años reportaron cero en la categoría de “otros delitos que atentan contra la vida”. Se trata de Jalisco y Colima, cuyas fiscalías tienen la habilidad de clasificar los homicidios como dolosos o culposos y no dejan ningún caso en la indefinición, por lo que sus estadísticas sobre violencia podrían considerarse más realistas.

En contraste, hay dos estados que históricamente han “inflado” la categoría de “otros delitos”, por lo que sus indicadores de homicidios están matizados. En Querétaro y Yucatán, que tienen fama de poseer bajos índices delictivos, los “otros delitos” siempre rebasan por mucho a los homicidios dolosos.

En Querétaro es común que por cada homicidio doloso haya cinco registros de “otros delitos”. El año en que esta tendencia estuvo más marcada fue 2021, cuando se notificaron mil 333 casos “otros delitos”, contra sólo 185 homicidios intencionales, en una relación de siete a uno.

En el caso de Yucatán ocurre una situación parecida, pues, en promedio, por cada asesinato hay cuatro decesos sin especificar. En 2017 la desproporción fue de nueve a uno, pues se registraron 37 homicidios dolosos contra 330 casos de “otros delitos que atentan contra la vida”.

Homicidios dolosos vs. “otros delitos”

Los registros de homicidios dolosos son reconocidos a nivel internacional como uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir
el grado de inseguridad ciudadana en un país, en el entendido de que están debidamente tipificados y se investigan de oficio.

Sin embargo, las leyes mexicanas, al dar posibilidad de categorizar algunos crímenes como “otros delitos”, dan margen a que las fiscalías acomoden las cifras de manera arbitraria.

Por ejemplo, en 2015 los “otros delitos” representaban 1.2% del total de “delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, universo que incluye homicidios, lesiones, feminicidios y abortos; para 2019 eran 3.1% y para 2024 escaló a 4.9 por ciento.

Ahora, si los “otros delitos” se equiparan con el número de homicidios dolosos, resulta que durante 2015 representaban 19.3%; para 2019 equivalían a 28.7% y para 2023 se disparó a 55.3%, como se puede apreciar en las siguientes gráficas:

Carrera en los estados

Al tomar en cuenta el periodo que comprende de 2015 a 2023, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en 22 estados de la República fue aumentando gradualmente la proporción de “otros delitos” respecto de los homicidios dolosos.

Los casos más notorios son Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

En el caso de la Ciudad de México, entre 2015 y 2017 se reportó en ceros el casillero de “otros delitos”, pero desde 2018 ha ido en aumento, al grado de que en 2023 la cifra ambigua rebasó a la de homicidios intencionales (mil 23 contra 778).

La revisión realizada por ejecentral arroja que en ocho entidades federativas se han mantenido los mismos niveles de homicidios en nueve años de referencia.

Son los casos de Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco y Tlaxcala, cuyas estadísticas sobre violencia homicida pueden considerarse más confiables.

Sobresale el caso de Guerrero, donde la fiscalía categoriza la mayoría de los homicidios y sólo deja un porcentaje residual de entre 2 y 4% en el cajón de “otros delitos”.

Sólo hay dos estados donde el número de “otros delitos” muestra una tendencia a la baja: Morelos y Yucatán. En el primer caso, la categoría indefinida representaba en 2015, 88% de los homicidios dolosos, cifra que bajó a 50% en 2013.

En el segundo, los “otros delitos” representaban 891% de los asesinatos, nivel que bajó a 491% en 2023.