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Redacción ejecentral

Colima es la entidad de la república mexicana que más impunidad ambiental presenta en el estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla llamado “Índice de Impunidad Ambiental”.

El estudio, que emite su primera edición, recoge las cifras que rebelan el dolor de los crímenes sin resolver sobre la destrucción áreas naturales y los defensores de las mismas.

El documento establece que para que exista la impunidad ambiental, debe de haber un delito ambiental y acompañada de la incapacidad del gobierno para impartir justicia.

Para poder medir el fenómeno, las y los académicos de la Universidad de las Américas Puebla, tuvieron que diseñar una definición lo suficientemente amplia de injusticia ambiental, que comprenda cómo un daño al medio ambiente es también un daño a las comunidades que lo habitan.

En este sentido, la injusticia ambiental comprende desde el perjuicio a los ecosistemas, las amenazas y violencia hacia activistas, las violaciones a los derechos humanos de un medio ambiente sano, las actividades de organizaciones criminales y, en algunos casos, sus vínculos con empresas transnacionales, la explotación de recursos por parte de grandes compañías (nacionales o privadas) y la corrupción.

Cabe señalar que el estudio establece un puntaje máximo de 4 tantos para indicar, de manera descendente, el nivel de impunidad; siendo 4 poca impunidad ambiental y 1 mayor impunidad.

Bajo este esquema, 10 estados tuvieron una calificación mayor a dos (impunidad media-baja), mientras que 15 tienen un nivel medio de impunidad, 6 con impunidad alta y uno más tiene niveles muy altos de impunidad.

Colima obtuvo solamente 1.59 de calificación, lo que la convierte en la entidad con un nivel “muy alto” de impunidad ambiental.

Los estados con “niveles altos” son Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán y Sinaloa, ordenados de manera ascendente según su nivel de impunidad.

El promedio nacional, según el estudio ambiental 2020, es de 1.93, lo que significa que la referencia se sitúa en un nivel medio de impunidad. Situación que pone al país en un nivel crítico en este índice.

En el grupo de los estados que tienen una calificación “media” se encuentran: Nuevo León que encabeza la lista, seguido por Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Jalisco.

Las entidades con una mejor posición dentro del índice son Durango, Morelos, Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila y Jalisco.

Si bien estos estados son los que tuvieron una mejor posición en el estudio, los expertos indicaron que esto no signifique que no tiene problemas de impunidad. Por el contrario, según el Observatorio de Conflictos Socioambientales desarrollado por la Universidad Iberoamericana, todos los estados pertenecientes al anterior grupo tienen presencia de conflictos ambientales.

Lo que explica la mejor posición de este último grupo son las luchan que se desarrollan dentro de esas entidades para proteger las zonas naturales.

Morelos, por ejemplo, mantiene una lucha en contra de las termoeléctricas. La Ciudad de México mantiene grupos que luchan contra la destrucción de los humedales de Xochimilco; las luchas por el agua en Chihuahua; los conflictos minero en Durango.

El extractivismo hídrico de las empresas cerveceras en Baja California; la contaminación del agua por residuos sólidos en Querétaro; el megaproyecto inmobiliario City Center en Guanajuato.

El extractivismo minero y el basurero tóxico Cepeda en Coahuila; y el monocultivo del aguacate, termoeléctricas, acueductos y la construcción de carreteras en Jalisco. DJ

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