Colima es el peor calificado en el índice de Impunidad Ambiental
BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, 19MARZO16.- La Reserva Natural Arroyo Moreno que comprende unas 308 hectáreas, según estudios de la CONABIO en 2010, contiene tres especies de árboles de manglar, el rojo, el negro y el blanco que sirven de hogar a una diversidad de especies animales y plantas. Actualmente el lugar se encuentra descuidado y en decadencia a pesar de que desde el 25 de noviembre de 1999 se declaró este lugar como un Área Natural Protegida sujeta a conservación ecológica y en 2008 se cambió a Reserva Ecológica por ajustarse esta figura más a las necesidades del sitio de acuerdo a las autoridades. Según información proporcionada por Javier Herrera Borunda, diputado federal de Veracruz por el PVEM a la fecha la reserva se ha reducido a unas 240 hectáreas por el crecimiento de la mancha urbana; aunque desde hace cinco años no se realiza un estudio serio al respecto como señala en el documento que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ofrece en su sitio oficial. El ecosistema de humedales en la zona se encuentra dañado principalmente por el relleno de terrenos para fraccionamientos, estaciones de camiones, asentamientos irregulares de personas, actividades agropecuarias y la descarga de aguas negras por parte del Sistema de Agua y Saneamiento, ya que sus plantas tratadoras no funcionan como debieran por falta de recursos. La cuenca y subcuenca pertenecen al Río Jamapa lo que significa que todo el escurrimiento de basura en los pueblos aledaños termina ahí, la presencia de materiales como el plástico es nociva y propicia la muerte de algunas especies, como el cangrejo azul que se encuentra en peligro de extinción y otras que ya desaparecieron como loros, cotorros y osos hormigueros que de alguna forma equilibraban la presencia de termitas que hoy en día contribuyen también a la destrucción del manglar. Raúl Arano de la Cruz de la Cooperativa Pesquera La Pequeña Venecia y nativo de la zona es testigo de como se ha degradado Arroyo Moreno, y afirma: “el problema es que aquí nadie ha movido un dedo, ni para evitar que vayan rellenando más terreno ni para detener todas las descargas que vienen desde el Canal de la Zamorana”. “Aunque no me creas, cuando yo era chamaco aquí veníamos a pescar y había muchos más canales para navegar (...) Ahorita ya nada más queda el arroyo Moreno y uno de que otro canal que se conecta con el interior de la Reserva”. Con esto especies que antes abundaban ahora han ido desapareciendo, como el camarón, el robalo, el chucumite, la mojarra, y el pargo, entre otras. El sitio está en resistencia pues los daños vienen de todas partes, aunado a esto decenas de personas han decidido asentarse irregularmente en estas áreas ya contaminadas, lo que parecería imposible ya que se trata de una reserva. El tiempo pasa y el daño se vuelve irreversible ante la omisión de autoridades ambientales tanto de los municipios de la zona conurbada como a nivel federal (CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA); este pulmón natural muere poco a poco y en silencio por el crecimiento urbano y los intereses personales. Eventualmente el problema se retoma, coincidentemente en tiempos cercanos a las elecciones, por políticos como los del PVEM que apenas esta semana visitaron la zona y ante los medios afirmaron que interpusieron una denuncia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contra quien resulte responsable por las múltiples descargas de drenaje sanitario a lo largo del Arroyo Moreno. FOTO: ILSE HUESCA /CUARTOSCURO.COM
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10 estados tuvieron una calificación relativamente favorable, 15 tienen un nivel medio de impunidad, 6 con impunidad alta y uno con niveles muy altos de impunidad
Colima es la entidad de la república mexicana que más impunidad ambiental presenta en el estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla llamado “Índice de Impunidad Ambiental”.
El estudio, que emite su primera edición, recoge las cifras que rebelan el dolor de los crímenes sin resolver sobre la destrucción áreas naturales y los defensores de las mismas.
El documento establece que para que exista la impunidad ambiental, debe de haber un delito ambiental y acompañada de la incapacidad del gobierno para impartir justicia.
Para poder medir el fenómeno, las y los académicos de la Universidad de las Américas Puebla, tuvieron que diseñar una definición lo suficientemente amplia de injusticia ambiental, que comprenda cómo un daño al medio ambiente es también un daño a las comunidades que lo habitan.
En este sentido, la injusticia ambiental comprende desde el perjuicio a los ecosistemas, las amenazas y violencia hacia activistas, las violaciones a los derechos humanos de un medio ambiente sano, las actividades de organizaciones criminales y, en algunos casos, sus vínculos con empresas transnacionales, la explotación de recursos por parte de grandes compañías (nacionales o privadas) y la corrupción.
Cabe señalar que el estudio establece un puntaje máximo de 4 tantos para indicar, de manera descendente, el nivel de impunidad; siendo 4 poca impunidad ambiental y 1 mayor impunidad.
Bajo este esquema, 10 estados tuvieron una calificación mayor a dos (impunidad media-baja), mientras que 15 tienen un nivel medio de impunidad, 6 con impunidad alta y uno más tiene niveles muy altos de impunidad.
Colima obtuvo solamente 1.59 de calificación, lo que la convierte en la entidad con un nivel “muy alto” de impunidad ambiental.
Los estados con “niveles altos” son Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán y Sinaloa, ordenados de manera ascendente según su nivel de impunidad.
El promedio nacional, según el estudio ambiental 2020, es de 1.93, lo que significa que la referencia se sitúa en un nivel medio de impunidad. Situación que pone al país en un nivel crítico en este índice.
En el grupo de los estados que tienen una calificación “media” se encuentran: Nuevo León que encabeza la lista, seguido por Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Jalisco.
Las entidades con una mejor posición dentro del índice son Durango, Morelos, Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila y Jalisco.
Si bien estos estados son los que tuvieron una mejor posición en el estudio, los expertos indicaron que esto no signifique que no tiene problemas de impunidad. Por el contrario, según el Observatorio de Conflictos Socioambientales desarrollado por la Universidad Iberoamericana, todos los estados pertenecientes al anterior grupo tienen presencia de conflictos ambientales.
Lo que explica la mejor posición de este último grupo son las luchan que se desarrollan dentro de esas entidades para proteger las zonas naturales.
Morelos, por ejemplo, mantiene una lucha en contra de las termoeléctricas. La Ciudad de México mantiene grupos que luchan contra la destrucción de los humedales de Xochimilco; las luchas por el agua en Chihuahua; los conflictos minero en Durango.
El extractivismo hídrico de las empresas cerveceras en Baja California; la contaminación del agua por residuos sólidos en Querétaro; el megaproyecto inmobiliario City Center en Guanajuato.
El extractivismo minero y el basurero tóxico Cepeda en Coahuila; y el monocultivo del aguacate, termoeléctricas, acueductos y la construcción de carreteras en Jalisco. DJ
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