Foto: Cuartoscuro

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Marco Antonio Aguilar

Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha distribuido sus más de 220 mil elementos entre su labor y las encomiendas del mandatario.

En el primer año del tabasqueño, el Ejército mexicano dividió sus funciones con la de vigilar el trayecto de las pipas que distribuyen combustibles alrededor de la República, esto como parte de la lucha contra el huachicoleo impulsado por la administración actual.

Con la puesta en marcha de la Guardia Nacional, la Sedena hizo una donación de 35 mil elementos de la policía militar a la nueva corporación encargada de la seguridad pública nacional, con lo que disminuyó a 185 mil militares su batallón.

Luego de cancelar la construcción el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y de que se liberaran los amparos, se inició la obra en la base aérea de Santa Lucía, que está bajo supervisión militar y cuenta con la participación de 500 elementos, entre ingenieros y especialistas.

Pese a eso, la Sedena ha continuado con sus labores de defender el territorio, la soberanía nacional, garantizar la seguridad interior e implementar el Plan DN-III-E cuando se han presentado desastres naturales, como lo dicta la Constitución.

A cargo del Banco del Bienestar

En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador anunció la construcción de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, obras que también estarán a cargo del Ejército mexicano, así como se hará cargo del transporte de valores.

Para este proyecto se destinarán 10 mil millones de pesos para 2020 y 2021, para que las sucursales puedan llegar a las comunidades más apartadas, donde no existían bancos o había bancos pero sin recursos.

El recurso, afirmó el Presidente, se obtuvo de los ahorros generados durante el primer año de gobierno. Pero, al igual que las otras obras en las que participan los elementos del Ejército, deberá apurar su avance, porque a palabras del mandatario, se deberán construir al menos 100 sucursales por mes, para que al cabo de este año se cuente con mil 350, es decir, la mitad del total.

Otro de los proyectos que deberán apurar su paso es CF

Telecomunicaciones e Internet para Todos, la empresa sin fines de lucro y dependiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que promete llevar conexión de internet a todos los lugares apartados del país, que ya entró en funciones, pero que no se ha dado a conocer más detalles de su funcionamiento.

López Obrador aseguró que el presupuesto será sólo para las construcciones, porque los terrenos donde se instalarán serán algunos que pertenecen al Gobierno federal, o donaciones de los gobiernos estatales, locales o de ejidatarios.

Militares, a la seguridad del dinero

Además, de la construcción, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional podrían hacerse cargo del traslado de valores, es decir, de llevar los recursos económicos para el funcionamiento de cada una de las sucursales.

Sobre todo, en las partes más alejadas del país, pues el tabasqueño aseguró que existen empresas encargadas de esta labor que no quieren acudir a esas zonas, por lo complicado de los accesos o la inseguridad que se vive en ciertas zonas alejadas.

El recorrido a las dos mil 700 sucursales será por aire, tierra y mar, ya que hay comunidades en que no es tan fácil el acceso, como Bahía Tortugas o Guerrero Negro, en Baja California Sur, recordó el mandatario.

“Ahora estamos llegando a todos lados, pero todavía estamos dispersando una cantidad considerable en efectivo y no queremos que se disperse recurso en efectivo, porque es mucha la tentación, en todo sentido, de que haya piquete de ojo y el riesgo que corren los que van a pagar en efectivo, ya hemos tenido problemas, han perdido la vida compañeras, compañeros, que son asaltados. Entonces, por eso esta decisión del Banco del Bienestar”, señaló.

Pero, a diferencia del aeropuerto de Santa Lucía “Felipe Ángeles” que será administrado por la Sedena, estos estarán a cargo del Banco del Bienestar en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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