Elección de ministro en la SCJN, esencial para buen clima de negocios

25 de Abril de 2024

Elección de ministro en la SCJN, esencial para buen clima de negocios

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CIUDAD DE MÉXICO, 02AGOSTO2021.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el segundo periodo de sesiones del año, entre los temas que se discutirán, están la reforma al poder judicial en la que se incluye la extensión de la gestión del ministro presidente, Arturo Zaldívar. FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM

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Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Vance Center for International Justice, hizo un llamado a la comunidad jurídica mexicana para constituirse en un ente participativo en la elección del nuevo ministro

La próxima designación de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto en alerta a distintos sectores, como el empresarial, ya que del nombramiento, realizado con certeza jurídica ante un Poder Judicial fuerte, dependerá el buen clima de negocios.

Y es que, en diciembre de 2021, el Ministro José Fernando Franco González Salas concluye su mandato de 15 años en la Corte, por lo que un informe de Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Vance Center for International Justice, hizo un llamado a la comunidad jurídica mexicana para constituirse en un ente participativo.

Si bien, la elección del nuevo ministro es una decisión de Estado, en el documento “Consideraciones para el proeso de renovación de una vacante de Suprema Corte de Justicia de la Nación de México” afirma que el proceso debe seguir los estándares internacionales y regionales relevantes.

Señala que la Suprema Corte decide asuntos de importancia nacional, al definir el contenido y alcance de los derechos humanos, así como el equilibro entre poderes y los diferentes niveles de gobierno. Además, de ser relevante para el clima empresarial en el país.

Un buen clima de negocios dependerá de la certeza jurídica derivada de un Poder Judicial fuerte con jueces independientes, que sea capaz de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y económicos”, afirma S. Todd Crider, socio de la firma Simpson Thacher & Bartlett en Nueva York, y miembro de Lawyers Council.

En la misiva se pide considerar a las personas profesionales del derecho que cuenten con los mejores perfiles para integrar la terna del Ejecutivo y que será discutida en el Senado de la República, esto para permir cierta forma de participación de la comunidad jurídica y la sociedad en general, lo que representaría un imperativo para un Estado democrático de Derecho.

El Lawyers Councin propone a la comunidad jurídica constituirse en un ente participativo y detalla tres puntos a considerar para la próxima elección del nuevo ministro.

-Es fundamental que los Colegios de Abogados y otras redes de profesionales del derecho realicen un análisis y revisión de los perfiles propuestos en la terna y provean evaluaciones sustantivas, previo a pronunciamientos de apoyo.

-La comunidad jurídica debe impulsar que la Comisión de Justicia del Senado de la Republica se haga llegar de elementos adicionales para el análisis y evaluación de los perfiles, y que lleve a cabo un proceso abierto y transparente que permita la participación de la comunidad jurídica.

-La comunidad jurídica puede considerar organizar sus propios intercambios y conversaciones con las personas propuestas en la terna que permitan aportar elementos adicionales a la discusión.

También, la abogada internacional Antonia Stolper, vicepresidenta para América Latina del Comité del Vance Center e integrante de Lawyers Council, señala que “llevar a cabo un proceso abierto y robusto que considere a los y las abogadas con los mejores perfiles para la terna, y que permita a la comunidad jurídica y a la sociedad participar en el mismo, dará legitimidad al proceso y a la Corte”.

El Vance Center es un organismo que promueve la justicia global, con el apoyo de abogados que se suman para apoyo de la sociedad civil y para garantizar una profesión legal éticamente activa.

En 2020, el estudio Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica, elaborado por Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Vance Center for Internacional Justice, colocó a México en el antepenúltimo lugar con una calificación de 5.51 puntos, en una escala de cero al 10, en el combate a esta materia.

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