¿Qué les cuento? Que en la Cámara de Diputados, Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), Pilar Ortega (PAN), Verónica Juárez (PRD), y Lorena Villavicencio (Morena), organizaron el foro “El Sistema Penal Acusatorio: ¿Hacia dónde vamos?” Porque, de acuerdo a datos duros, en México, la atención a las víctimas sigue siendo una asignatura pendiente.
Pues a 12 años de su aplicación, es necesario revisar cómo ha funcionado y en todo caso hacer las adecuaciones necesarias, para evitar que se convierta en instrumento de extorsión a los más indefensos.
El foro que, por la mera conformación de quienes lo organizaron habla de la pluralidad que pueden lograr las mujeres, revisó —con la participación de expertos como el ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío— el Sistema Penal Acusatorio. Para ello es primordial centrarse en la Ley de Amparo, recomponer algunas instituciones y hacer una recopilación de los criterios jurisprudenciales.
La diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, quien también es secretaria de la Comisión, dijo que atender a las víctimas es una asignatura pendiente, ya que, según cifras de la ONU, en México, al menos seis de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, nueve mujeres son asesinadas cada día.
Y agregó que, las víctimas son las más afectadas y ofendidas, y su participación en el proceso penal es fundamental; porque es su derecho, no es ningún favor. Y que deben tener una representación jurídica y legal adecuada en los procesos penales.
Dulce María Sauri, anunció que en lo que resta de la actual Legislatura se impulsarán todas las medidas legislativas para hacer más fuertes los principios fundamentales de justicia: presunción de inocencia y máxima publicidad que exige el Sistema de Justicia Penal.
Para Sergio López Ayllón del CIDE, el sistema requiere del funcionamiento coordinado y adecuado de policías, fiscalías, tribunales, sistemas penitenciarios y abogados, pero además advirtió que desde la Constitución no queda claro la división de funciones y la relación entre policías y fiscales.
María de los Ángeles Fromow coincidió que falta coordinación entre todas las instancias, en especial entre las fiscalías de las entidades federativas e instituciones involucradas.
Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, aseguró que en México no hay sensibilidad, ni en la sociedad ni en el Poder Judicial para la atención a las víctimas, incluso afirmó que “nos enfrentamos a la SCJN en donde se llevan a cabo criterios que lejos de beneficiar a la víctima la perjudican”.
Y, bueno, es un hecho que en el ánimo de frenar la impunidad se pone en riesgo un sistema de libertades, democrático y de garantías, pero como dijeron los expertos se puede hacer con una buena investigación, con un trabajo bien hecho de los operadores, un sistema penitenciario sin corrupción y un sistema de justicia penal que funcione bien. Se ve lejano, pero si no se empieza a trabajar, nunca se logrará.
Lamentablemente, los recursos cada vez más escasos dificultan la formación de los policías de investigación, pues no encuentran incentivos para capacitarse e incluso desconocen la cadena de custodia. Habría que empezar por ahí ¿o no?
En resumen, el Sistema Penal Acusatorio necesita, ya, una revisión para adecuarlo a las nuevas condiciones sociales que se viven en México. A más de una década de que inició su implementación, se observan deficiencias como podrían ser la vulnerabilidad con que se queda la víctima, lo que resulta intolerable cuando la protección de los derechos humanos son ineludibles.
Y por ello, las mujeres en la Cámara de Diputados están decididas a dar ese paso tan necesario en un país en donde las víctimas son victimizadas y nunca reciben justicia.