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Los legisladores del Parlamento Europeo pidieron este jueves a la UE, en una Resolución no vinculante, que adopte sanciones contra funcionarios de Cuba responsables por la represión las protestas registradas en ese país el 11 de julio.

En la Resolución, adoptada por 426 votos a 146, los eurodiputados piden al Consejo Europeo «que haga uso de lo dispuesto en la Ley Magnitsky, y adopte sanciones lo antes posible contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba».

El documento también «condena en los términos más enérgicos la violencia y represión extrema» por parte del gobierno «a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021».

Esta resolución fue objeto de un tenso debate durante parte importante de la jornada en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En su intervención, la Comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, dijo que en la UE «creemos que necesitamos seguir hablando. Nuestra política previa [hacia Cuba], la Posición Común de 1996, no logró ningún resultado».

En esa sesión, la eurodiputada conservadora Dita Charanzová llegó a afirmar que «es hora de suspender» el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que la UE y Cuba alcanzaron en 2017 y que fue ratificado por 26 miembros del bloque (resta el voto de Lituania).

Otros legisladores, condenaron la insistencia de las bancadas conservadoras en incluir la situación de Cuba en la agenda, mientras eluden discutir la situación en otros países latinoamericanos como Colombia, Honduras o Brasil.

«De eso no quieren ni hablar», dijo el eurodiputado español Manu Pineda.

El lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional (el parlamento cubano) emitió una enérgica nota de protesta el nuevo debate sobre la situación en Cuba en el Parlamento Europeo.

En esa nota, los legisladores cubanos señalaron que el Parlamento Europeo era un «triste rehén de una escalada agresiva ajena a intereses genuinamente europeos y contraria al espíritu de diálogo respetuoso que ha primado en las relaciones» bilaterales.

El 11 de julio miles de cubanos se volcaron a las calles en unas 50 ciudades del país al grito de «Patria y Vida», «Tenemos hambre» y «Libertad». Una persona murió y decenas resultaron heridos.

El gobierno comunista insiste en que las protestas forman parte de una estrategia de cambio de régimen, apoyada por medios digitales anticubanos, financiados por Washington. Desde entonces, guarda bajo siete llaves la cifra de detenidos durante el estallido.

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