La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas por el presunto desvío de más de 186 millones de pesos, relacionados con la Estafa Maestra.
Los directivos son Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución, quienes fueron requeridos a una audiencia donde se les imputará.
Esta semana es cuando los presuntos implicados debían comparecer, pero el Poder judicial de la Federación canceló las actividades debido a la propagación del coronavirus, por lo que la audiencia fue pospuesta hasta después del 20 de abril, de acuerdo con el diario Reforma.
Este sería el primer caso en que la FGR fincará el delito de peculado, ya que en los anteriores han sido por los delitos de ejercicio o uso ilícito de atribuciones y facultades.
El caso corresponde a cuatro convenios específicos suscritos en octubre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, por un monto de 186 millones 113 mil 374 pesos.
Con este recurso, la universidad debía entregar un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor inter-oceánico, en la región del Istmo de Tehuantepec.
La universidad subcontrató a la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por 81 millones 642 mil 800 pesos; la UPCH no recibió el servicio, pero además se quedó con más del 56% del recurso otorgado por la Sedatu. Con información de Reforma.