A poco más de 10 días para que se realice la jornada electoral más grande en la historia de México, el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) mantiene su postura de violentar los derechos de la activista Norma Romero Cortés para que no ejerza sus derechos de ser votada el próximo 6 de junio.
La abogada ha señalado sentirse perseguida por la autoridad electoral poblana al no permitirle iniciar su campaña para competir por la alcaldía de la capital del estado.
Existen normas muy claras para apoyarnos a las mujeres que queremos hacer política y en el caso de las independientes, considero que debieron haberse formado un criterio distinto, tanto en los tribunales como en el propio instituto (IEE), toda vez que soy la única candidata independiente inscrita para contender en el estado de Puebla para una alcaldía”, ha señalado la activista.
La lucha de Romero Cortés contra la violencia de género, en este caso electoral, no es un tema menor en un estado, Puebla, que ocupa el quinto lugar con más homicidios de mujeres en lo que va del año, de acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
De acuerdo a los datos oficiales, en delitos del fuero común acontecidos en el primer cuatrimestre del año, la entidad también estuvo entre las 10 más violentas, donde ocupa la octava posición con 23 mil 763 delitos registrados.
Es por ello que Norma Romero Cortés ha denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) al IEE, así como el consejero presidente, Miguel Ángel García Onofre, y otros funcionarios del órgano electoral por violencia política de género y violaciones a la ley en la materia.
Cabe recordar que el IEE publicó de manera extemporánea el listado de las candidaturas a alcaldías y el 5 de mayo el nombre de la abogada apareció en la lista, a pesar de que no había alcanzado el tres por ciento de las firmas que se le solicitaban para acceder a la postulación.
En su defensa, la activista social recuerda que, de acuerdo con la Comisión de Venecia, del cual México es parte desde 2010, y el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, el requisito de recaudar el tres por ciento de las firmas del padrón es “excesivo” y pone en riesgo la democracia, por lo que se recomienda que solo sea del uno por ciento.