Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la consulta para enjuiciar a expresidentes promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, juristas se pronunciaron en torno a ella.
El ministro en retiro, José Ramón Cossío compartió el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que buscaba resolver como inconstitucional la consulta de López Obrador.
“A favor del proyecto que propone la inconstitucionalidad de la pregunta”, escribió en su cuenta de Twitter.
Por su parte el Notario de la Ciudad de México y exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga consideró desde el primer momento como “terrible” que los ministros de la Suprema Corte declararan la constitucionalidad de la consulta.
“Entregan el país a una sola persona”, escribió en sus redes sociales, para después señalar que “Es un peligro que la SCJN acabe en CORTE-SANA”.
Además, se pronunció a favor de reconocer el valor y la integridad de los ministros Luis María Aguilar – encargado del proyecto de sentencia -, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña, quienes votaron en contra de la consulta.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés también se pronunció en contra de la decisión de Corte y, al respecto, comentó que de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público”.
También en sus redes sociales, señaló que dada la constitucionalidad de la consulta declarada por la SCJN, “Ahora no todos los presuntos inocentes son iguales. En unos casos hay que preguntárselo al pueblo, en otros no es necesario”.
Indicó que no hay base constitucional del criterio que convierte a un instrumento político en requisito de procedencia para la acción penal.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados también fijo su postura al respecto e indicó que la Constitución es la mejor herramienta para salvaguardar los derechos humanos de las personas ante movimientos pendulares de la economía, las ideologías y la política.
Añadió que es justamente por esta cualidad que todas y todos podemos vivir en libertad y son miedo de los poderosos.
Sostiene que la Constitución es adaptable a las nuevas épocas que le toca vivir, siendo modificada a través de los procedimientos previstos en ella misma para dar lugar a nuevas de participación democrática, tal y como lo es una consulta popular, procedimiento que también está sujeto a al respeto y protección de los derechos humanos.
“El trabajo de un tribunal constitucional es ser el guardián último de la Constitución, y esto no es una exquisitez teórica sino una necesidad cotidiana”, cuya labor no es sencilla dada la presión a la que es sometido, ya sea desde el poder público o privado.
Es entonces que señala que la resolución de la Corte se da por un cambio de la constitucionalidad por la popularidad y previene que la decisión se dio sin argumentos y dando la espalda a sí misma y a sus decisiones precedentes en la materia.
Añade que se dio la espalda a la imparcialidad con el ánimo de evitar una confrontación con el poder político, “perdiendo en ello su independencia”.
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