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Luis León

lleon@ejecentral.com.mx

La construcción con retardos, el escaso acatamiento de las medidas de seguridad en tramos en construcción por parte de las empresas Aldesem y Epccor, la escasa vigilancia y sanciones de instancias federales en materia de vialidad, la falta de pericia de los usuarios son factores que provocaron un elevado número de accidentes en obras del Paso Exprés, y que se evidenció un año antes mediante un punto de acuerdo discutido en la Comisión Permanente.

El senador morenista Rabindranath Salazar Solorio presentó este recurso el 27 de julio de 2016: “La falta de pericia de los permisionarios (Aldesem S.A. de C.V., y Epccor construcción S.A. de C.V.) durante la instalación de anuncios y señales informativas ha conculcado el derecho de vía de muchos habitantes y usuarios hasta la actualidad (julio 2016), suman 130 muertos, cifra que aumentará en caso de que las autoridades, en este caso la SCT, no supervise las medidas de seguridad llevadas a cabo por los concesionarios; así como el consecuente avance de las obras”, sostiene el documento.

›Esto significa que las obras de construcción de El Paso Exprés, antes del socavón que provocó la muerte de dos personas y las deficiencias de las empresas provocaron un sinnúmero de accidentes.

El senador sostiene en el documento que la coordinación de Protección Civil de Morelos, el 12 de julio de 2016, otorgó un plazo de siete días para que la SCT acatara las medidas de seguridad en las obras, ya que esta autoridad local estimaba en esa fecha que la SCT había cumplido 70% de sus obligaciones en materia de medidas de seguridad. El Punto de Acuerdo también exhortaba “al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a efecto de que en el ámbito de sus competencias inspeccione y vigile los avances y medidas de seguridad implementadas por las empresas Construcciones Aldesem y EPCCOR Construcción, durante la construcción de la Ampliación del Libramiento de Cuernavaca o Paso Exprés, en la Autopista Acapulco-México”.

Desde entonces exhortaron a Ruiz Esparza a que revisara el clausurado de la licitación pública “a fin de verificar que los procesos y etapas de construcción se estén llevando a cabo de acuerdo a lo establecido y que se estén respetando las medidas de seguridad tanto para los usuarios como para los mismos trabajadores; lo anterior para que se determine si es procedente o no la revocación del contrato de licitación o en su caso la sanción correspondiente”.

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