Tras cumplirse los 45 días del Acuerdo migratorio firmado entre México y Estados Unidos, el Instituto para las mujeres en la migración (IMUMI) advirtió que las medidas aplicadas en territorio mexicano reviven tratos discriminatorios que violan los derechos de las personas migrantes en niveles que no se veían desde 2006.
Ayer, se cumplió el lapso contemplado por el acuerdo entre ambos países, mediante el cual, el gobierno mexicano se comprometió a frenar la migración con el uso de la Guardia Nacional en las fronteras y aceptar la devolución a México, de solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Con las medidas aplicadas como parte del acuerdo, el IMUMI dijo que “se trata de un retroceso de casi 10 años en el tema migratorio y de asilo en el país”.
En un comunicado, el instituto dijo que entre los costos, se cuenta la detención de más de 50 mil niñas, niños y adolescentes, “quienes en su mayoría han sido deportados sin respetar su Interés Superior como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
También se contempla la ocupación de fondos de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias.
Además, se cuenta con el registro de 100 mil 861 eventos de detención de enero a junio del 2019 –la mayoría terminó en una deportación, sin acceso efectivo al asilo.
El IMUMI señaló el nulo fortalecimiento a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pese a que en los primeros seis meses del año ha recibido 30 mil solicitudes –tres veces más que en el mismo periodo de tiempo del 2018.
De igual forma se contaron 20 mil personas varadas en la frontera norte sin acceso al asilo y en condiciones de vulnerabilidad –sin trabajo, ni cobertura de sus necesidades básicas.
De acuerdo con el monitoreo del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano retomado por el Instituto, en los últimos 7 meses se pasó de un discurso de política migratoria respetuosa de los derechos humanos, al reforzamiento y continuidad de un enfoque de seguridad policial y militarizada.
El IMUMI señaló que esta situación se ha visto reflejada en la práctica sistemática de detención; aumento de los operativos migratorios en colaboración con la policía militar a lo largo de la ruta del sureste de México; redadas masivas en espacios públicos, en diferentes municipios de Chiapas, así como cateos en hoteles de Tapachula; la obstaculización del libre tránsito, incluso para la población mexicana, en diferentes líneas de transporte terrestre; y el hacinamiento en los centros de detención migratoria y demás espacios habilitados para tales fines.
A la fecha, los estados con el mayor número de detenciones son Chiapas, Veracruz y Tabasco, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación; tan sólo en junio de este año se registraron 23,917 eventos de detención, 150% más en comparación con junio del 2018, principalmente de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
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