Por los delitos de falsedad de declaraciones, fabricación de pruebas y contra la administración de justicia, entre otros, la defensa de los cuatro militares detenidos por presuntos delitos en el caso Ayotzinapa presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En conferencia de prensa, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández señalaron al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de encabezar las “viejas estructuras de poder” con las que “se podía incriminar indebidamente a personas por delitos que no cometieron”.
Al sostener que el titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del caso Ayotzinapa “antepuso sus intereses políticos y su necesidad de reconocimiento” por encima del respeto a las víctimas y a la ley, al haber presentado un informe con “mensajes fabricados” presentados como pruebas, lo cual “puso en peligro el futuro de la investigación” del caso.
En ese sentido, la defensa del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y del sargento Eduardo Mota Esquivel —los únicos militares— rechazó que la presentación de su denuncia se derive de la “campaña” en busca de desvirtuar el informe de la Comisión. Pero lo que fue fuertemente señalado es que esta es una muestra de las “viejas estructuras de poder” que ha acusado el propio Encinas Rodríguez.
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“No pertenecemos a ninguna vieja estructura, lo que hay es una defensa jurídica, pero (Encinas) no sabe distinguir entre fabricar delitos y defender a una persona. No hay una campaña en su contra, ni un campaña de desprestigio; hay una defensa de cuatro personas que están privadas de su libertad, eso sí no se vale, eso es lo que no vamos a permitir”, subrayó Robledo Carretero.
A pregunta expresa de este diario, los abogados aseguraron que las conversaciones de Chicago, a las que tanto el subsecretario Encinas, como el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) han hecho referencia como pruebas que incriminan a integrantes del Ejército, se tratan de “datos no corroborados, no legales” que carecen de sustento judicial para ser considerados como pruebas.
“Hemos insistido mucho que todas las conversaciones que están agregadas o que pretenden agregar no tienen cadena de custodia, no tienen determinación de origen, no tienen orden judicial, es decir, no son prueba de nada”, reiteró Alejandro Robledo.
Al respecto, el abogado César Omar González sostuvo que esas conversaciones —que a decir del mismo presidente López Obrador sí forman parte de la indagatoria que encabeza la Comisión de Encinas— son conversaciones entre integrantes de la delincuencia organizada con referencias “aisladas y etéreas de circunstancias” entre ellos, pero que “no bastan para tener privados de la libertad a nuestros defendidos”.
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