Gabriela Sotomayor

La Comisión de Investigación de la ONU sobre graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela concluyó que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y México está a punto de hacerse de la vista gorda.

“Encontramos motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión al presentar el informe en Ginebra.

“El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, acusa.

La Misión de la ONU está  integrada por la portuguesa Marta Valiñas (presidenta), el chileno Francisco Cox Vial y Paul Seils de Reino Unido. La estableció el Consejo de Derechos Humanos (27-09-19) con el mandato de investigar graves violaciones cometidas en Venezuela desde 2014 a la fecha.

Según los expertos la mayoría de los crímenes documentados se cometieron en el marco de un ataque “generalizado y sistemático” dirigido contra la población civil y que en primer lugar se aplicó como política para silenciar y anular a opositores al gobierno de Maduro.

“En Venezuela se cometieron los siguientes crímenes de lesa humanidad: asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos de carácter similar para causar daño al cuerpo o a la salud mental”.

“Algunas de las mismas conductas pueden constituir también el crimen de lesa humanidad de persecución, tal como se define en el Estatuto de Roma”.

Detalla que las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

Las órdenes sobre quién sería investigado a menudo venían de Maduro y de Diosdado Cabello. Las órdenes fueron entregadas al Director del SEBIN, quien las transmitió a las direcciones operativas. Con frecuencia, el SEBIN realizaba arrestos sin orden judicial, sobre todo antes de 2019. 

“Muchos disidentes políticos fueron detenidos en supuesta flagrancia, a pesar de que no había ningún delito que se acababa de cometer”, sostiene.

Además “una práctica común era que funcionarios de alto nivel hacían declaraciones públicas refiriéndose a las detenciones poco antes o poco después de que se produjeran, comentando sobre la responsabilidad penal del acusado. En algunos casos, anunciaron que dichas detenciones habían tenido lugar como parte de la Operación Tun Tun anunciada por Diosdado Cabello en su programa de TV “Con el Mazo Dando”.

Cabello utiliza su programa para incitar el odio contra opositores de Maduro y suele acusar e incriminar a activistas y ciudadanos.

La Misión urge a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los individuos responsables por los delitos señalados en el informe y recomienda que, en el examen de los casos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tenga en cuenta las necesidades de las víctimas de que se haga justicia oportunamente.

La próxima semana el Consejo de Derechos Humanos adoptará una resolución patrocinada por el Grupo de Lima y que cuenta con el apoyo de la Unión Europea para extender el mandato de la Misión de Investigación por dos años para ampliar sus indagaciones.

México es miembro del Consejo así como Argentina, Brasil, Bahamas, Chile, Perú, Venezuela y Uruguay de América Latina. Se esperaría que, excepto Caracas, voten a favor de la resolución y envíen un mensaje contundente sobre la cero tolerancia para estos crímenes.

Especialmente porque la cancillería mexicana está impulsando la candidatura de la embajadora Socorro Flores Liera para la CPI en donde este informe seguramente será analizado.

Pero por lo que se escucha en la ONU, México votará en contra o se abstendrá. Argentina, al parecer, se abstendrá también. Es lamentable que América Latina no vote en bloque, sobre todo Argentina y México que han padecido estos crímenes en carne propia.

Además, no es congruente que México vote en contra o se abstenga si quiere un lugar en la CPI que se encarga de perseguir y condenar crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad cometidos por individuos.

El prestigio de la diplomacia mexicana se hunde en los foros internacionales y es probable que México con su voto en el Consejo de Derechos Humanos esté dando con el mazo a miles de víctimas de los peores crímenes perpetrados por el régimen de Maduro. Qué vergüenza .  

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