Con modificaciones a la iniciativa presidencial y ante las alertas de la oposición, la 4T aprueba reforma a la Ley de Amparo

Morena y sus aliados en el Senado hicieron uso de su mayoría para aprobar la reforma a la Ley de Amparo con cambios a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero las modificaciones no convencieron a legisladores de oposición, quienes alertaron que se aniquilan los mecanismos de defensa de las personas, se violan nociones elementales del Derecho, se deja al pueblo en el desamparo ante la autoridad y hay una regresión de los derechos humanos.

La reforma se aprobó en comisiones y enseguida pasó al Pleno, donde se avaló en lo general con 76 votos de Morena, PVEM y PT y 39 en contra de los legisladores del PAN, PRI y MC.

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral destacó que se hicieron cambios a la iniciativa presidencial luego de escuchar las preocupaciones de especialistas, así que se fortaleció el juicio de amparo como escudo ciudadano frente al poder.

Explicó que se puntualizó el concepto de interés legítimo para evitar demandas basadas en intereses abstractos; que la suspensión del acto reclamado establece límites en casos sensibles como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública; se evitan las prácticas dilatorias en el juicio porque los fallos no podrán exceder los 90 días; además de que se mantiene abierta la vía del amparo tanto para la sociedad civil como para la defensa de los derechos colectivos, aunque sin abusos.

“Se advirtió que las excusas por imposibilidad de cumplimiento abrirían la puerta a la impunidad. Fue una preocupación en la que muchos coincidimos. El tratar de sostener que la imposibilidad jurídica y material iban a excluir de responsabilidad a los funcionarios o a las autoridades responsables. Esa propuesta quedó fuera del dictamen final. Hoy ratificamos que las sentencias de amparo son plenamente obligatorias”, dijo Corral.

Delatan presiones para que la reforma sea retroactiva

Senadores del PAN, PRI y MC advirtieron de cambios rebuscados a conveniencia, incluso destaparon que había presiones a Corral para incluir en la reforma un artículo transitorio inconstitucional que ya se había eliminado en comisiones: que los juicios actuales se lleven a cabo con las nuevas reglas, es decir, que la reforma sea retroactiva.

El encargado de presentar las reservas para que todos los juicios de amparo se lleven a cabo con las nuevas disposiciones a la Ley de Amparo será el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

“Es una reforma que concibe al Estado como si fuera la víctima de los perversos ciudadanos. Me extraña que un movimiento que se dice progresista se atreva a legislar en contra de que los hombres y las mujeres de este país, las y los jóvenes, las niñas y los niños puedan defenderse de los actos de autoridad, puedan defenderse del poder”, expresó el coordinador de MC, Clemente Castañeda.

Se abre la puerta al incumplimiento de sentencias

La priísta Carolina Viggino acusó que ya no será posible acudir a los tribunales para defender causas colectivas como la protección de ríos, bosques o ecosistemas, además de que la reforma abre la puerta a que las autoridades incumplan sentencias con la excusa de que existe una imposibilidad material o jurídica para obedecerla.

“Claro, van a decir, me ordenan que te haga una cirugía, pero no tengo medicamentos, no tengo especialistas. ¿De qué sirve haber ganado un proceso tortuoso en el que tuviste que invertir tiempo y dinero? (…) Un día no van a tener fuero y van a sufrir las consecuencias; sus hijos, sus familias, pero sobre todo sus representados no van a tener cómo defenderse. Ustedes mismos están cavando su tumba. Esto es un boomerang que se les va a regresar absolutamente”, dijo a la 4T.

La priísta Claudia Anaya advirtió que el gobierno pondrá como pretexto el interés social para negar la suspensión, lo que siempre va a afectar a las minorías como a los pueblos indígenas o personas con discapacidad.

“Limitar la suspensión tomando como argumento el interés público, esto en la ponderación judicial va a afectar a cualquiera ¡pues con razón de Estado, con una simple razón de Estado te lo van a negar! Incluir en la Ley de Amparo la justificación del incumplimiento del amparo, por imposibilidad material o jurídica, siempre va a estar lleno de pretextos por parte de la autoridad. Entonces ¿para qué sirve la justicia?”, cuestionó.

Abuso de los amparos

La legisladora del PVEM, María del Rocío Corona, comentó que el amparo es un pilar del Estado de Derecho, su esencia es proteger al ciudadano frente al poder, pero hay abusos.

“Cuando ese instrumento se utiliza de forma abusiva para evadir la ley, deja de ser puente de justicia y se convierte en un recurso para el privilegio. Por ejemplo, en los últimos ocho años se interpusieron más de tres mil 600 amparos contra bloqueos de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera, que liberaron más de 32 mil millones de pesos, dinero ligado en muchos casos al lavado de dinero o a actividades financieras ilegales ya con resoluciones firmes, amparo tras amparo con prácticas dilatorias”, enfatizó.

La morenista Lucía Trasviña dijo que la reforma responde a una realidad innegable, donde el amparo, siendo un instrumento de protección, también ha sido utilizado como un arma dilatoria para entorpecer las políticas públicas, frenar la recaudación fiscal, prolongar actos ilícitos y bloquear decisiones legítimas del Estado.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que el amparo siga siendo un recurso de tutela efectiva y no una herramienta de simulación procesal”.

La legisladora del PT, Geovanna Bañuelos, insistió en que la reforma impedirá la suspensión sea utilizada para obstaculizar políticas públicas, eludir responsabilidades fiscales o mantener actividades ilícitas como el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

Reforma pro autoridad

La panista Guadalupe Murguía afirmó que los cambios a la ley contravienen la Constitución y son pro autoridad, en lugar de poner un alto al abuso del poder.

“No fortalece al amparo, fortalece a las autoridades, a las que blinda; favorece la concentración de poder en las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos”, opinó.

Raymundo Bolaños, del PAN dijo que los cambios dibujan de cuerpo completo a un régimen autoritario.

“Van a aprobar una reforma, que lo único que protege es el interés de la autoridad, favorece la recaudación del Estado sobre los derechos humanos. Esta reforma es la respuesta a la incapacidad de quienes litigan desde el gobierno. Ya destruyeron el Poder Judicial y al frente de las resoluciones están las personas juzgadoras, electas popularmente y aun así hoy van a destruir los medios de defensa de las y los contribuyentes, y lo van a hacer con otro albazo”, acusó.

La discusión de la reforma sigue en lo particular…