Coparmex advierte riesgos de la reforma a Ley Antilavado para las MiPymes

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) podría tener un impacto negativo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), al aumentar la carga administrativa y operativa.

Según el organismo, la iniciativa que será analizada en comisiones de la Cámara de Diputados plantea modificaciones que implican sobrerregulación, lo que dificultaría el cumplimiento por parte del 99% del tejido productivo del país representado por estas empresas.

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¿Qué cambios propone la reforma a la Ley Antilavado?

De acuerdo con Coparmex, entre los principales cambios propuestos se encuentran:

• La obligación de identificar a todos los clientes mediante documentación oficial.
• En el caso de personas morales, se requerirá recopilar información detallada sobre los beneficiarios finales.
• Se establecerá la obligación de monitorear y reportar operaciones sospechosas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que aumentaría el número de transacciones sujetas a revisión.

Estas disposiciones, según el sindicato patronal, implicarían una inversión considerable en sistemas tecnológicos, capacitación del personal y contratación de servicios especializados.

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Reforma a la Ley Antilavado afectaría la operación diaria de las pequeñas empresas

Coparmex destacó que, de aprobarse en sus términos, la reforma representaría una carga desproporcionada para los pequeños negocios, al exigirles implementar medidas que superan su capacidad operativa y financiera.

“La implementación de esta iniciativa implicaría una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para garantizar la ejecución”, señaló la organización empresarial.

Restricciones al uso de efectivo y falta de bancarización

Otra preocupación manifestada por Coparmex es la propuesta de limitar el uso de efectivo, sin considerar que una parte importante de la población en México no está bancarizada. Esto, afirman, no refleja la realidad económica y social del país.

“Lo que vemos actualmente es que en la iniciativa prevalece la restricción al efectivo, situación que no refleja la realidad del país con relación a la falta de bancarización de muchos clientes”, indicó la Confederación.

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Coparmex propone una reforma gradual con incentivos

El organismo empresarial pidió al Congreso de la Unión que cualquier cambio legal en materia de prevención de lavado de dinero se base en tres principios clave:

• Eficiencia regulatoria
• Proporcionalidad jurídica
• Realismo operativo

En lugar de imponer nuevas cargas, Coparmex solicitó que los cambios sean graduales, acompañados de incentivos y no representen una amenaza para miles de negocios formales que ya enfrentan retos económicos y estructurales.

“Los cambios deben ser graduales, contener incentivos y no amenazar la operación de miles de negocios formales”, concluyó.