¿En qué consiste la nueva ley que permite intervenir teléfonos y acceder a datos personales en México?

La Cámara de Diputados de México aprobó un conjunto de reformas que abren la puerta a que instituciones de seguridad puedan acceder a datos personales, registros biométricos, llamadas telefónicas y otra información de ciudadanos, siempre bajo autorización judicial. La medida forma parte de la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las modificaciones fueron enviadas al Senado para su discusión. La iniciativa ha generado un fuerte debate político y social, ya que aunque busca fortalecer las capacidades de prevención del delito, también ha despertado preocupaciones por el manejo y la protección de datos sensibles de la población.

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¿Qué información podrán consultar las autoridades con la nueva ley?

Con el nuevo marco legal, autoridades federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional podrán solicitar, con control judicial previo, acceso a distintas bases de datos para tareas de inteligencia. Estos datos podrán provenir tanto de instituciones públicas como de entidades privadas.

La información que podrán consultar incluye:

• Datos biométricos y de identidad.
• Registros de llamadas telefónicas y datos de líneas móviles.
• Información vehicular y de placas.
• Registros públicos de la propiedad, comercio y catastros.
• Información bancaria, fiscal y de servicios financieros.
• Datos de empresas de seguridad privada y personas morales.
• Registros penitenciarios y padrones de detenidos.
• Datos en plataformas de salud, telecomunicaciones, transporte y comercio.

Toda esta información se utilizará para generar productos de inteligencia, es decir, análisis orientados a prevenir delitos y detectar posibles amenazas a la seguridad pública.

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¿Qué instituciones operarán el sistema de inteligencia?

Con la aprobación de esta reforma sobre Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, se formaliza la creación de varias entidades que administrarán y ejecutarán el nuevo sistema de inteligencia para seguridad pública. Una de las principales será el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que operará tecnología especializada para recopilar y analizar información útil en investigaciones. También se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, como parte de la estructura de la SSPC.

La Plataforma Central de Inteligencia, un sistema digital de recopilación y análisis de datos, deberá comenzar a operar en un plazo máximo de 180 días hábiles tras la entrada en vigor de la ley. Esta plataforma se conectará con bases de datos que ya administra la Secretaría de Gobernación, entre otras.

Además, se contempla la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública, orientada a la formación de personal especializado en inteligencia, operaciones especiales, mando policial y tareas de investigación.

¿Cómo afecta esta ley a estados y municipios?La reforma también impone responsabilidades nuevas a los gobiernos estatales y municipales en materia de seguridad pública. Estas son algunas de las principales obligaciones:

• Organizar y encabezar reuniones periódicas conocidas como “mesas de paz”.
• Informar de manera regular a la ciudadanía sobre políticas y resultados en seguridad.
• Desarrollar programas de prevención del delito.
• Profesionalizar a sus policías y fortalecer sus capacidades técnicas.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública también tendrá más atribuciones. Podrá emitir criterios sobre el uso de fondos federales destinados a seguridad y, si detecta incumplimientos por parte de alguna entidad o municipio, cancelar la entrega de recursos.

Otra disposición importante es que el sistema penitenciario tendrá que instalar equipos que bloqueen permanentemente las señales de comunicación en los centros de reclusión, como celulares y redes inalámbricas.

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La nueva legislación busca centralizar y coordinar esfuerzos en materia de inteligencia para mejorar la prevención del delito. Establece un marco normativo para que instituciones como la SSPC y la Guardia Nacional puedan solicitar datos clave sobre personas, vehículos, propiedades, telecomunicaciones y más, con autorización judicial.

Aunque se eliminó el polémico Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, se mantuvo el acceso a registros y bases de datos existentes. Las autoridades locales también tendrán nuevas tareas obligatorias para contribuir con la estrategia nacional de seguridad. DJ