Proceso de desafuero de Rocha sólo podría suceder a solicitud de la FGR y ante la Cámara de Diputados y el Congreso de Sinaloa: Flores
Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro, se pronunció sobre un eventual desafuero del gobernador de Sinaloa tras las acusaciones de EU
Imagen de la Cámara de Diputados y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha
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LEl presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, aseguró que procedería un juicio de desafuero del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por presuntos nexos con el crimen organizado sólo si la Fiscalía General de la República (FGR) lo solicita ante la Cámara de Diputados y el Congreso local.
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El legislador morenista explicó a ejecentral que la FGR tendría que hacer una investigación al respecto y luego solicitar el juicio de procedencia ante los dos congresos, el federal y el estatal, al tratarse de un presunto delito de competencia federal, pues así se hizo con el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Mientras que el senador de Morena, Enrique Insunza, podría ser desaforado en el supuesto de que existiera una denuncia en su contra y una investigación por parte de la FGR. En este caso, la solicitud de procedencia sólo se tendría que hacer en la Cámara de Diputados.
Hugo Eric Flores explicó que cualquier persona podría pedir un juicio político en contra del gobernador de Sinaloa, pero éste proceso no tiene imputaciones penales, además de que en San Lázaro están congeladas todas las solicitudes de juicio político.
“Tengo que ser muy sincero, acá los juicios públicos están parados, no dependen de la Comisión Jurisdiccional, sino de una subcomisión que nunca se formó, integrada por Justicia y Gobernación. Entonces, ellos son los que admiten las solicitudes y a partir de ahí lo pasan a la Comisión Jurisdiccional, es decir, hemos estado amarrados de manos durante toda la Legislatura”, expresó.
¿Quiénes son los otros funcionarios acusados junto a Rubén Rocha Moya?
El expediente incluye a perfiles clave dentro del gobierno de Sinaloa y de instituciones de seguridad. Entre los señalados destacan.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Gobierno
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
Estos funcionarios forman parte del grupo acusado de presuntamente facilitar operaciones delictivas desde sus cargos públicos.
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La investigación también apunta a mandos y exmandos de corporaciones policiacas y de procuración de justicia en Sinaloa.
Uno de los casos más relevantes es el de Dámaso Castro Zaávedra, actual subprocurador estatal, quien presuntamente recibía pagos mensuales cercanos a 11 mil dólares por parte del cártel a cambio de protección e información sobre operativos.
En la lista también aparecen:
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía Investigadora
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la misma corporación
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
- José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal
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Las autoridades sostienen que estos funcionarios habrían brindado respaldo institucional a las actividades del grupo criminal.
Dentro del grupo de acusados, destaca Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. El Departamento de Justicia lo señala por el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, hechos ocurridos en octubre de 2023.
Según la acusación, ambas víctimas fueron privadas de la libertad, torturadas y asesinadas tras ser identificadas como posibles colaboradoras en la investigación. Valenzuela Millán es el único implicado que enfrenta pena mínima obligatoria de cadena perpetua.