Reforma judicial llega a la Corte Interamericana: estos cambios exigen legisladores antes de elección de jueces en 2027

La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió una acción relacionada con la reforma judicial mexicana, abriendo un nuevo capítulo internacional en el debate sobre los cambios estructurales al Poder Judicial.

El recurso fue promovido por legisladores y juristas que consideran que la reforma podría vulnerar estándares internacionales en materia de independencia judicial y acceso a la justicia. Entre los impulsores se encuentra el diputado Germán Martínez Cázares, quien ha sostenido que las modificaciones constitucionales deben analizarse bajo los compromisos que México ha firmado en el sistema interamericano.

Aunque la admisión no significa una resolución de fondo, sí implica que el órgano internacional analizará los argumentos presentados y podrá solicitar información al Estado mexicano antes de emitir una determinación.

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Senadores piden revisión antes de las elecciones judiciales de 2027

La decisión internacional provocó reacciones inmediatas en el Senado de la República, donde distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de revisar la implementación de la reforma antes de 2027, año en que están previstas elecciones de jueces derivadas del nuevo modelo.

El senador Javier Corral reconoció que existen áreas que deben ajustarse para garantizar certeza jurídica y evitar conflictos posteriores, especialmente frente al escrutinio internacional.

Desde la oposición, integrantes del Partido Acción Nacional señalaron que la vía internacional fue necesaria ante la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales en el ámbito interno.

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, subrayó que México no está exento de cumplir tratados y resoluciones internacionales, por lo que cualquier reforma estructural debe alinearse con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

¿Qué está en juego?

La reforma judicial contempla cambios profundos, entre ellos la elección popular de jueces y magistrados, así como modificaciones en órganos de control y disciplina judicial. Sus defensores argumentan que democratiza el Poder Judicial; sus críticos advierten riesgos de politización y debilitamiento institucional.

El hecho de que el tema haya sido admitido en la esfera interamericana coloca a México bajo un nuevo nivel de observación internacional. De avanzar el proceso, podría derivar en recomendaciones, audiencias o incluso una eventual resolución que obligue al Estado a realizar ajustes.

Con la elección judicial prevista para 2027 en el horizonte, el debate político y jurídico se intensifica. La discusión ya no es solo nacional: ahora también se libra en el terreno internacional.

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