Regidora de La Paz causa polémica por vestir playera de ‘El Chapo’ Guzmán; ¿podría ser sancionada?

María del Carmen Aguilar Mendoza, séptima regidora del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, enfrenta cuestionamientos tras difundirse fotografías en las que aparece usando una camiseta con la imagen de Joaquín “El Chapo” Guzmán, caracterizado como Mario Bros.

La funcionaria, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acudió con esta prenda a tres actos públicos realizados el 11 de julio de 2025: una jornada de limpieza en el Parque Laguna Azul, un evento de reforestación en la colonia Solidaridad y una reunión del Comité de Defensa del Esterito.

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La playera, compartida en redes sociales por la propia regidora, hace alusión a una de las primeras fotografías oficiales de Guzmán Loera, tomada durante su primera detención en 1993 en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. El diseño incluye la frase “Super Chapo Bros”, combinando elementos de la cultura pop con la imagen del capo sinaloense.

Enfrentaría regidora posible implicación legal

Aunque Aguilar Mendoza no ha emitido declaraciones al respecto, su vestimenta ha generado cuestionamientos sobre una posible apología del delito, lo que podría constituir una infracción tanto al Código Penal Federal como al estatal.

El artículo 208 del Código Penal Federal indica que “al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad”, si el delito no se lleva a cabo.

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Por su parte, el artículo 176 del Código Penal de Baja California Sur prevé penas de seis meses a tres años de prisión y multas de hasta cincuenta días para quienes inciten públicamente a cometer un delito, de forma directa o indirecta.

La prenda que utilizó la funcionaria es vendida en línea por precios que oscilan entre 470 y 999 pesos, dependiendo del sitio y del tipo de producto.

Estados refuerzan medidas contra apología del delito

El caso de la regidora ocurre en un contexto donde distintas entidades han implementado medidas legales para restringir expresiones públicas vinculadas con la apología del crimen.

En Chihuahua, el Reglamento del Sistema de Justicia Cívica establece sanciones económicas superiores al millón de pesos por promover mediante música o espectáculos públicos la cultura de la violencia o el delito.

En el Estado de México, el gobierno ha aplicado restricciones a los narcocorridos y otras expresiones similares.

El 11 de abril, el cantante Luis R. Conriquez fue abucheado en el Palenque de Texcoco por negarse a interpretar corridos, en respuesta a una estrategia oficial para evitar la apología de la violencia.

La legislación estatal contempla de 3 a 6 meses de prisión y de 30 a 60 días de multa por incitar a delinquir, incluso si el delito no se consuma.

En Baja California, el reglamento municipal de Tijuana también prohíbe la difusión de contenidos que promuevan el delito en espectáculos públicos.

Nayarit y Querétaro se han sumado a esta tendencia: el primero mediante un decreto que prohíbe narcocorridos y otros géneros similares, y el segundo, con un acuerdo firmado por 18 municipios para restringir eventos que difundan mensajes relacionados con el crimen.

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