Senado buscará endurecer penas contra la extorsión

Los senadores corregirán la plana a la Cámara de Diputados, pues prevén cambios sustanciales a la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión como el endurecimiento de castigos. Así, la pena mínima para los extorsionadores sería de 15 años de prisión y no de seis y, la máxima, sería de 42 años, no de 25.

De acuerdo con el proyecto de dictamen que fue distribuido a los senadores que integran las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, se establece la definición y el castigo básico por la extorsión y se incluyen agravantes.

“A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de 15 a 25 años de prisión y multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (de 33 mil 942 pesos a 56 mil 570 pesos)”, se propone.

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De ahí parten las agravantes. Se incrementarán de seis a 17 años de prisión —hasta 42 años de cárcel — cuando en la comisión del delito de extorsión se emplee violencia física, moral o psicológica para exigir el cobro; cuando sea cometido por un funcionario, exfuncionario o un preso; cuando se empleen a menores de edad; cuando se simule ser o se pertenezca al crimen organizado o cuando se afecte de manera directa la economía de alguna comunidad.

Se prevé una pena extra de cinco a 12 años de prisión —hasta 37 años de cárcel— cuando la extorsión sea a personas migrantes, menores de 18 años, adultos mayores o embarazadas.

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Se establecen penas extra de cuatro a ocho años de prisión —hasta 33 años de cárcel— cuando la extorsión sea cometida por candidatos a puestos de elección popular; cuando el delito se cometa en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados; cuando el extorsionador actúe en representación de un sindicato, agrupación o asociación, sea real o simulada, o cuando se exija que el pago sea depositado o transferido mediante el uso del sistema bancario o financiero mexicano o de otro país.

“Se aplicará pena de 10 a 20 años de prisión y multa de 200 a 400 veces el valor diario de la UMA (de 22 mil 620 pesos a 45 mil 256 pesos) a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar”, se plantea. Las comisiones del Senado están citadas la tarde de este martes para aprobar el dictamen y enviarlo cuanto antes al Pleno.