Tres trayectorias, tres visiones de justicia: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel
Estas juristas conforman enfoques diversos sobre legalidad, derechos humanos, equidad, austeridad y cercanía con las necesidades ciudadanas

Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel
/Fotos: Cuartoscuro
Lenia Batres Guadarrama
La autodenominada “ministra del pueblo” es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas. Cuenta con dos maestrías: en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la ciudad de México y en Estudios de la ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde es candidata a doctora en Estudios de la Ciudad.
Trayectoria política y cargos públicos de Lenia Batres
Inició su carrera política como diputada federal en la LVII Legislatura, donde impulsó la reforma al artículo 18 constitucional que sentó las bases del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, además se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión del Distrito Federal, y asesora de la Comisión de Vivienda. Desde entonces ha ocupado diversos cargos tanto en el gobierno capitalino como en el federal.
En el gobierno capitalino se ha desempeñado como directora jurídica en la entonces delegación Cuauhtémoc, directora de Regulación al Transporte y asesora de diversas dependencias. Antes de llegar al máximo tribunal del país a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la también fundadora de Morena fungió como consejera adjunta en Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica en el sexenio anterior.
Perfil académico y visión judicial de Lenia Batres
Como académica, ha impartido asignaturas en derecho y ciencia política en instituciones como la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga y la UACM. Es coautora de seis libros y cuatro artículos, además ha presentado 14 ponencias sobre derecho a la ciudad y derecho urbanístico en instituciones académicas de México, Argentina y España.
Su visión de la justicia enfatiza la protección de los derechos humanos y sociales, proponiendo criterios jurisdiccionales que combatan la desigualdad, el acceso efectivo a la justicia y la austeridad en el ejercicio del poder. Promueve el acceso a la justicia mediante defensorías públicas y herramientas pedagógicas, así como la austeridad en el Poder Judicial para erradicar privilegios y priorizar el servicio a la ciudadanía.
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Loretta Ortiz Ahlf
Jurista, académica, investigadora y magistrada con casi 40 años de trayectoria, especializada en derecho internacional y derechos humanos. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Ibero y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la UNED de España.
Experiencia profesional y publicaciones de Loretta Ortiz
Es investigadora Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido directora del Departamento de Derecho de la Ibero. Ha impartido clases en instituciones como la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Matías Romero y la Academia de Derecho Internacional de La Haya.
Autora de más de 20 libros y numerosos artículos sobre derecho internacional, destacan obras como Derecho Internacional Público, Régimen Interno e Internacional de los Tratados y Las Tres Vertientes de la Protección de los Derechos de la Persona Humana, que la consolidan como referente en la materia.
Cargos públicos y enfoque judicial de Loretta Ortiz
En el servicio público ha sido asesora jurídica en la SRE, el Banco de México y Conaculta; también participó en el Acuerdo Ambiental del TLCAN, fue consejera de la CNDH, diputada federal, redactora de la Constitución de la CDMX y consejera de la Judicatura Federal.
Desde diciembre de 2021 es ministra de la Suprema Corte, propuesta por el presidente López Obrador. Su visión judicial se basa en una justicia social, empática y orientada al bienestar colectivo. Promueve sentencias con impacto en temas como pobreza, discriminación y violencia de género, así como audiencias públicas y una presencia activa de la Corte en el territorio para acercar la justicia a todas las comunidades.
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Yasmín Esquivel Mossa
Con más de 40 años en el servicio público en los tres niveles de gobierno, Yasmín Esquivel Mossa es una jurista especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y el Sistema Financiero Mexicano. Fue la primera mujer propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para integrarse como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocupa desde febrero de 2019.
Formación académica y participación internacional de Yasmín Esquivel
Egresada de la UNAM, cuenta con una maestría en Administración de Instituciones Educativas (UVM) y un doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac, en convenio con la Complutense de Madrid. Dentro del máximo tribunal, ha presidido la Segunda Sala y representado al Poder Judicial ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género. A nivel internacional, integra la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Aportes jurídicos, controversias y postura judicial de Esquivel Mossa
Con más de 20 años en el ámbito jurisdiccional, ha impulsado la defensa de derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. También ha contribuido en el ámbito académico, coordinando publicaciones como La infancia, futuro del mundo.
Su trayectoria ha sido objeto de polémica. En 2022, fue acusada de plagio en su tesis de licenciatura, con coincidencias superiores al 90 %; la UNAM confirmó el plagio, aunque el caso prescribió legalmente. También ha sido criticada por presuntos conflictos de interés vinculados a su esposo, el empresario José María Riobóo. Ella ha sostenido su independencia profesional.
En su visión de la justicia, defiende un modelo accesible, transparente y con enfoque en derechos humanos. Promueve tribunales austeros, sin corrupción, con paridad de género y priorización de las víctimas. Entre sus propuestas destacan la formación ética de operadores judiciales, modernización de la infraestructura judicial y fortalecimiento del vínculo entre justicia y ciudadanía.