María Idalia Gómez

Hace décadas, en los peores momentos de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General), solía presentar decenas de tomos de expedientes con documentos repetitivos, desorganizados y algunas pruebas válidas, pero otras no tanto, como notas periodísticas y columnas.

Esto permitía entorpecer el trabajo de los juzgados, el dificultarles ubicar las pruebas y de paso, con las notas, presionarlos ante la exhibición mediática de los casos.

En realidad esas notas que se supone eran parte de las pruebas, eran un juego perverso. La propia PGR filtraba antes la información a sus reporteros o columnistas afines, y ya publicadas las incluía en sus carpetas y así les daba validez a las acusaciones, algunas de ellas ciertas, otras no.

Sembraba la duda o generaba pruebas que al menos servían para iniciar un caso, aunque se le cayera años después.

Esta semana, vimos la misma estrategia en el caso Collado. Unos fiscales que llegaron con una carretilla llena de legajos que se supone tenía todas las pruebas que ofrecerían ante el juez. Desde imágenes de chats, resoluciones judiciales, informes de la UIF, y claro, notas y columnas periodísticas.

Al preguntarle a periodistas asistentes a la audiencia o después de escuchar sus transmisiones de radio y televisión, todos coincidieron en que los representantes de la Fiscalía utilizaron 10 horas para decir lo mismo, exactamente lo mismo que habían expuesto en la primera hora de la diligencia. Es decir, como el sistema cambió y ahora es oral, ya no pueden llenar al juez de documentos confusos, ahora pareciera que la estrategia fue ganar por agotamiento sin pruebas.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna esta vez no les creyó, no lo convencieron, y por el contrario, consideró que no hay evidencia, acusó a los fiscales de caer en contradicciones y hasta de mentir. “Se pervirtió un acuerdo reparatorio en un instrumento de venganza”, les dijo.

Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con la exsecretaria Rosario Robles, por ejemplo, con los mismos protagonistas por el lado del juzgado y de la fiscalía, los representantes de la FGR no dieron entrevistas, se fueron rápido, y un boletín cinco horas después habló por ellos: “Dicho Juez descalificó y agredió groseramente a la Representación Social”, y sugirieron corrupción, por lo que será investigado.

Al preguntar a varias fuentes qué ánimo existía al interior de la Fiscalía tras el derrumbe de las acusaciones de Collado contra su exabogados, las respuestas coincidió en una palabra: furiosos.

Más allá de esa furia, este caso sólo corrobora algo, la Fiscalía General de la República está perdida, no tiene rumbo. No sólo lo dicen sus fracasos, la confrontación interna o la corrupción interna, lo exhibe el hecho que necesite acusar a otro Poder, en este caso el Judicial de la Federación, para justificar una derrota, y no es la primera vez. Si los jueces son los enemigos y no sus expedientes mal hechos o falsos, entonces ahora lo que sigue es presionar y deberá meter a muchos juzgadores a prisión.

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