ONU lamenta extensión de delitos con prisión preventiva oficiosa

23 de Abril de 2024

ONU lamenta extensión de delitos con prisión preventiva oficiosa

"Favorece el injusto encarcelamiento de las personas, lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia", sostuvo

Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó la extensión del catálogo de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa aprobada ayer por el Congreso de la Unión, ya que es una figura que “favorece el injusto encarcelamiento de las personas, lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada, trastoca la independencia judicial y favorece la tortura y los malos tratos”. En un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado reprobó que el poder legislativo diera luz verde a dicha figura, el lugar de optar por un régimen de respeto irrestricto a los derechos humanos en materia de violencia y seguridad. La ONU aclaró que, aunque la prisión preventiva está permitida por el derecho internacional de manera individualizada caso por caso, el caso de la prisión preventiva “oficiosa” resulta irreconciliable con los derechos humanos pues automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez decida en cada caso según las circunstancias del mismo. “La prisión preventiva oficiosa, además de ser una herencia negativa del sistema penal inquisitivo, debilita las capacidades de investigación del delito, la adecuada implementación del sistema penal acusatorio y la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho”, señaló mediante el comunicado.

La ONU-DH recomendó al estado mexicano adoptar medidas eficaces que permitan resolver los niveles de criminalidad e impunidad existentes. Además, favorecer la instrumentación de medidas alternativas a la privación de la libertad para las personas que no han sido condenadas en juicio, robustecer a la defensoría pública, combatir el retraso en los procesos judiciales, fortalecer la independencia judicial, mejorar las condiciones de detención y garantizar el derecho a la reparación integral a toda persona que haya sido injustamente encarcelada. MM