La noticia cayó como balde de agua fría: Estados Unidos revocó la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y de su esposo, Carlos Torres. No es un hecho menor. Que una funcionaria en activo pierda el permiso para entrar al país vecino, con el que comparte frontera e innumerables lazos económicos, culturales y sociales, es una situación que exige respuestas claras. Pero, más allá del ruido político, este episodio destapa una herida profunda: la desconfianza en quienes nos gobiernan y la fragilidad de la relación bilateral en un momento crítico. ¿Qué significa esto para Baja California y para México?
Primero, Carlos Torres anunció en redes sociales que su visa fue cancelada por “disposiciones internas” del Departamento de Estado. Horas después, Marina del Pilar confirmó que ella también perdió la suya, asegurando que la medida “la alcanzó” por su vínculo con su esposo. Ambos hablaron de una situación que se aclarará, pero no ofrecieron detalles. La opacidad alimenta especulaciones. Todo apunta a que la decisión podría estar ligada a investigaciones sobre nexos con el crimen organizado, específicamente por el reacomodo de cárteles en Tijuana y presuntos financiamientos ilícitos en la campaña de 2021. Aunque no hay acusaciones formales, el mensaje de Washington es contundente: algo no está bien.
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Baja California es un estado estratégico. Su frontera con California es un motor económico, con millones de cruces anuales y un comercio que sostiene miles de empleos. La gobernadora, como figura clave en esta relación, necesita moverse con libertad para negociar temas como el agua, la seguridad o el tráfico de armas. Sin visa, su capacidad para representar al estado se ve mermada. ¿Cómo atenderá reuniones con inversionistas estadounidenses o cónsules si no puede pisar su territorio? Este vacío no solo afecta su imagen, sino la confianza de los ciudadanos y los socios comerciales en un estado ya golpeado por la violencia.
El trasfondo no es nuevo. Desde 2022, el exgobernador Jaime Bonilla señaló a Marina del Pilar por supuestos lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Informes de inteligencia mexicana, respaldados por la DEA, sugieren que su campaña pudo haber recibido dinero de Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”. A esto se suman narcomantas en Mexicali, que acusan a funcionarios cercanos de trabajar con grupos criminales. Aunque la gobernadora niega todo y habla de “violencia de género” en su contra, la acumulación de señalamientos no puede ignorarse. La falta de transparencia solo profundiza la sospecha.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, también queda en una posición incómoda. La presidenta exigió explicaciones a Estados Unidos, pero el silencio de Washington y la ausencia de una narrativa clara desde México alimentan la incertidumbre. Morena, el partido de Marina, la respalda y acusa a la oposición de politizar el caso, pero esto no basta. La ciudadanía merece saber si su gobernadora está bajo investigación y, de ser así, por qué. La credibilidad de un gobierno que se dice transformador está en juego.
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No se trata solo de Marina del Pilar. Este episodio refleja un problema sistémico: la infiltración del crimen en la política mexicana. La cancelación de visas a funcionarios, como ya ocurrió con el alcalde de Matamoros, sugiere que Estados Unidos está apretando las tuercas y que hay una “lista negra” de políticos bajo la lupa. Si Baja California es solo el comienzo, el impacto en la gobernabilidad y la relación con nuestro principal socio comercial podría ser el principio de otro gran escándalo.
¿Qué debe hacer Marina del Pilar? Primero, hablar con la verdad. Si no hay nada que ocultar, que lo demuestre con hechos, no con discursos. Segundo, colaborar con las autoridades, mexicanas y estadounidenses, para esclarecer las acusaciones. Y tercero, reforzar su compromiso con Baja California, mostrando resultados tangibles en seguridad y desarrollo. La gente no quiere excusas; quiere hechos.
Este escándalo debe ser una oportunidad para exigir rendición de cuentas y fortalecer nuestras instituciones. Baja California merece una gobernadora que no solo inspire confianza, sino que la respalde con acciones. Si Marina del Pilar no puede con ese peso, que dé un paso al lado. La frontera no espera, y el tiempo de respuestas ya llegó. Que este golpe sirva para despertar a quienes creen que gobernar es un juego de apariencias.
