El lunes pasado, el director del INFONAVIT comentó que dentro de dicha institución existe una política contraria a aplicar desalojos a los ocupantes de viviendas que estén deshabitadas o sean propiedad de alguien más, incluso para aquellos quienes hayan tomado posesión del inmueble sin consentimiento del propietario y que se buscaría resolver el problema del acceso a la vivienda llegando a un acuerdo con dichas personas a fin de que le paguen una renta al instituto y que posteriormente tengan opción a compra.
Esta situación es multifactorial. Por una parte, denota la falta de acceso a la vivienda. Adicionalmente, la falta de acceso a empleos formales y suficientemente bien pagados. Probablemente también existan fallas en le mercado de la vivienda que generaron una situación en la que hay casas no habitadas y gente sin casa.
Sin embargo, ninguna de estas cuestiones se resuelve desconociendo a las y los propietarios de la vivienda ocupada por terceros, ni permitiéndoles quedarse a quienes decidieron tomarlas sin que sea de su propiedad. El INFONAVIT podría hacerlo con las viviendas que sean de su propiedad, si es que las tuviere, pero no puede disponer de bienes de otras personas, mucho menos rentarlas como si fueran propias.
En teoría, para resolver el tema de la vivienda se creó una empresa “filial” (lo que sea que eso signifique) a nivel constitucional que se encargaría de construir vivienda social. Se supone también que por esa razón le dieron al instituto la facultad para ser un desarrollador inmobiliario que interfiriera de manera directa en el mercado a través de compraventa de casas habitación y su arrendamiento.
Parece un despropósito que una institución cuya función es garantizar la vivienda haga precisamente lo contrario con aquellas personas que con su esfuerzo la pagaron. Adicionalmente, esta declaración no pudo llegar en peor momento. Recientemente, todo el país se enteró del caso de la señora Carlota, la señora que decidió terminar con la vida de dos de las personas que tomaron posesión de su propiedad cometiendo el delito de despojo, lo que generó una ola de simpatía por la mujer por sus acciones (aclaro que no es para nada loable dicha situación).
La respuesta social fue tal que el martes la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez tuvo que salir a aclarar la situación diciendo que este tipo de negociaciones no procederá con las personas que ocupen viviendas que estén involucradas en carpetas de investigación que versen sobre el delito de despojo.
Entonces, si no he denunciado un delito que el ministerio público tendría que perseguir de oficio ¿El Estado avalará el cambio de propietario aún contra todo sentido?
Es entendible el sentimiento que anima a las autoridades a evitar llegar al desalojo, sin embargo, esto no puede ser en detrimento de los derechos adquiridos por las y los mexicanos que sí son propietarios de las casas construidas por el INFONAVIT.
Pareciera una claudicación más del gobierno de Claudia que no nos puede garantizar seguridad, ni medicinas, ni transparencia, finanzas públicas sanas, o un sistema educativo de calidad (el último sexenio, por primera vez en la historia, arrojó un decrecimiento en la cantidad de alumnos matriculados en el sistema educativo equivalente a un millón de niños, niñas y jóvenes, a pesar de que la población aumentó). Hoy quieren rentar barato casas que no son suyas, en otras palabras, hacer caravana con sombrero ajeno.
