La semana pasada se celebró en Miami la décima edición de la Hemispheric Security Conference (HSC) – un foro clave en el que se reunieron líderes militares, responsables políticos, investigadores e innovadores en seguridad de toda la región para debatir los desafíos más urgentes para la seguridad en América del Norte, Central y del Sur.
Tuve el honor de participar en un panel sobre crimen organizado transnacional, un fenómeno que ilustra como pocos la interconexión entre debilidades estatales, intereses económicos y redes criminales complejas.
El crimen transnacional como modelo de negocio
Hoy, el crimen organizado ha diversificado ampliamente su estructura: al tráfico de drogas, históricamente central, se suman ahora el tráfico de armas y combustible, la trata de personas, el contrabando de migrantes, el comercio de órganos y la explotación sexual sistemática. Estas actividades se alimentan de la violencia, la crisis institucional y la falta de oportunidades — y todo ello a un altísimo costo humano.
Uno de los ejemplos más alarmantes es el de Haití: más del 85 % de la capital; Port-au-Prince, está actualmente bajo el control de bandas armadas. Pero no se trata simplemente de un vacío de poder. La inestabilidad se ha convertido en un modelo de negocio en sí mismo. Élites criminales alimentan intencionadamente el caos para elevar el costo de vida, frenar la ayuda humanitaria y maximizar sus ganancias a costa del sufrimiento de la población.
¿Y el dinero? A menudo termina en Miami, donde muchos de los responsables de estas redes viven con total libertad y lujo. Esta realidad plantea preguntas incómodas: ¿cómo pueden las democracias combatir estructuras criminales internacionales, cuando sus beneficiarios se encuentran cómodamente instalados en sociedades seguras?
Sin armas, no hay guerra
Un punto clave —y muchas veces ignorado— es el tráfico ilegal de armas, que alimenta directamente el aumento exponencial de la violencia. Se estima que 550 armas cruzan cada día ilegalmente la frontera entre EE. UU. y México. Haití, a pesar de ser una isla bajo estrictos embargos internacionales, también recibe armas de contrabando, muchas procedentes de Estados Unidos.
¿Cómo llegan? A través de rutas marítimas clandestinas como la Windward Passage, entre Cuba y Haití, explotadas activamente por redes criminales que operan a ambos lados del Atlántico. Frenar este comercio requiere una cosa ante todo: voluntad política, especialmente en EE. UU. Es fundamental reforzar los controles y verificaciones de antecedentes en la venta de armas, y exigir responsabilidades a las empresas fabricantes cuando consienten —o directamente facilitan— la distribución ilegal de sus productos.
No es casual que, al calificar Trump a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, se plantee la pregunta: ¿el comercio de armas con estos grupos no equivale, entonces, a financiar el terrorismo?
Salidas: legalidad y responsabilidad
La HSC lo ha dejado claro: la seguridad no comienza ni termina en las fronteras nacionales, sino que está profundamente amenazada por estructuras criminales internacionales, altamente organizadas, profesionales y estratégicas, que atraviesan sectores, industrias y continentes.
Ante ello, la respuesta debe ser igualmente amplia. El crimen transnacional no reconoce fronteras — las respuestas tampoco deberían hacerlo. Lo que se necesita es cooperación multilateral, coherencia política y, por encima de todo, dos cosas: el fortalecimiento del estado de derecho y una mirada crítica hacia las propias complicidades, tanto desde el sector público como desde el privado.
