El 1º de junio de 2025 marcó un hito inédito en la historia política de México: por primera vez, jueces, magistrados y ministros fueron elegidos en las urnas como resultado de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024. La promesa era ambiciosa: acercar la justicia al pueblo, erradicar la corrupción y abrir las puertas de uno de los poderes más cerrados del Estado. Sin embargo, a un mes de que los nuevos juzgadores asumieran funciones, la realidad es otra: caos, inexperiencia y parálisis en tribunales que ya cargaban con más de medio millón de juicios pendientes.
Lo que se vendió como democratización terminó en improvisación. Muchos de los electos llegaron al cargo no por una trayectoria sólida en la carrera judicial, sino por su carisma o afinidad política. En lugar de rigor técnico, los justiciables enfrentan demoras, errores procesales y audiencias mal conducidas. La “curva de aprendizaje” se convirtió en un abismo que arrastra consigo derechos fundamentales.
A este cuadro se suma una crisis laboral sin precedentes. Cientos de empleados con años de servicio fueron despedidos sin indemnización, desmantelando la operación interna de juzgados y tribunales. Secretarios de estudio y cuenta, actuarios y personal administrativo, piezas clave para el funcionamiento cotidiano, fueron sustituidos o marginados, dejando a los nuevos jueces sin el soporte indispensable. En estados como Veracruz, la inconformidad se tradujo en protestas y bloqueos, mientras miles de expedientes quedaban varados.
Las pugnas políticas completan el panorama sombrío. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las diferencias entre ministras afines al oficialismo y quienes defienden la independencia judicial se han hecho públicas, con acusaciones de “falta de imparcialidad” y propuestas de “alinear” las sentencias a un supuesto criterio de justicia social. El recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, diseñado para combatir la corrupción, ya enfrenta demandas por sesgo político, lo que mina su legitimidad desde el arranque.
El costo no es abstracto: es humano. Una persona que espera la resolución de un divorcio, una demanda laboral o un amparo por violaciones a derechos humanos se topa con tribunales rebasados, jueces sin experiencia y una maquinaria desarticulada. Empresas extranjeras ya han advertido del riesgo de invertir en un país donde la justicia puede convertirse en rehén de coyunturas políticas.
El presupuesto recortado agrava la situación: no hay recursos para capacitación ni infraestructura. Mientras tanto, la impunidad —ese cáncer crónico del sistema— se mantiene intacta. Así, la promesa de justicia pronta e imparcial se desvanece en un mar de improvisaciones.
México enfrenta hoy un dilema mayor: o se corrige el rumbo fortaleciendo la carrera judicial, invirtiendo en formación y garantizando la independencia del Poder Judicial, o se profundiza en un experimento que erosiona la democracia misma. El pueblo votó con desinterés en junio, pero ahora, con expedientes en mano, clama por lo esencial: un sistema que funcione. El tiempo corre, y la justicia no puede esperar.
