Según el Paquete Económico 2026, la deuda pública mostraría una aparente estabilidad en los próximos años: el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se mantendría en 52.3% del PIB hasta 2031. Sin embargo, esta “prudencia fiscal” no refleja el deterioro profundo y estructural de las finanzas públicas. La deuda ha crecido, pero no por razones coyunturales ni por choques externos (como ocurrió en la crisis de 2009 o en la pandemia de 2020), sino por un desbalance crónico y no resuelto entre ingresos y egresos.
Desde 2009, México ha sostenido niveles de endeudamiento cada vez mayores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 4.3% del PIB para 2025 y 4.1% para 2026, cifras que se encuentran en máximos históricos y que son mayores al nivel aprobado para 2025 (3.9%). Lo preocupante es que este nivel de déficit ocurre en ausencia de una crisis económica y a pesar de los compromisos de consolidación fiscal. La razón: el crecimiento de las pensiones y el costo financiero de la deuda (que superará al gasto en salud y educación) junto con la reducción permanente de ingresos petroleros. Lo anterior se convierte en un círculo vicioso que erosiona el espacio fiscal y que amplía la dependencia de financiamiento.
Aun cuando el indicador tradicional deuda/PIB es útil para comparaciones internacionales, resulta insuficiente para evaluar la sostenibilidad fiscal en términos reales. Otros indicadores dan cuenta de una presión más aguda: en 2026, la deuda representará el 232% de los ingresos presupuestarios y 347% de los ingresos tributarios, lo que implica que, teóricamente, serían necesarios tres años y medio de recaudación tributaria para saldar el pasivo público. Además, la deuda per cápita alcanzará aproximadamente 151 mil pesos por persona, lo que representa 3.8 años de ingreso para quienes se encuentran en el decil I de la distribución del ingreso, según la ENIGH 2024.
A esto se suma otro problema estructural: la productividad laboral, que en México ha caído por debajo de los niveles registrados en 2005, y no se vislumbra una recuperación mientras no se invierta en sectores clave como infraestructura, salud y educación, los cuales hoy son sacrificados en aras de cumplir con el servicio de la deuda.
El verdadero riesgo no está en la razón deuda/PIB, sino en que el costo de mantenerla compromete la capacidad del Estado para financiar el desarrollo. La trayectoria fiscal no puede depender solo de recortes: urge una reforma fiscal integral que aumente la recaudación, mejore la eficiencia del gasto y garantice un financiamiento sostenible. Seguir posponiendo esta discusión solo amplificará las presiones futuras.
La estabilización del endeudamiento depende además de supuestos sin sustento fiscal. La verdadera presión se vive en los gastos comprometidos, en la menor inversión pública y en la creciente desigualdad. La sostenibilidad fiscal no debe medirse solo por lo que se adeuda, sino por lo que no se puede hacer debido a esa deuda.
Para conocer más sobre este tema, te invitamos a consultar el documento Deuda y Presiones fiscales en los CGPE 2026: Análisis del endeudamiento en México https://ciep.mx/KObp
