1. Si algo mostró la revisión del paquete presupuestal 2026 en el Congreso, es el desborde que está teniendo la deuda pública mexicana. Comparada con la del resto del mundo parece sensata, pues habrá de situarse por debajo del 53% del PIB cuando el promedio de economías avanzadas es cercano al 100%, pero contrastada con el esfuerzo de contención de deuda y la fragilidad de los ingresos públicos, resulta más que gravosa. En los últimos siete años, la deuda total, medida a través de los requerimientos financieros del sector público, pasó de 10.5 a 17.4 billones de pesos y será de 20.2 billones en 2026, conforme al déficit aprobado para ese año. Una regla hacendaria cautelosa previene que el endeudamiento no es gravoso si se combina con un crecimiento sustantivo de la economía, que es lo que no está sucediendo. Siempre hay un riesgo en gastar sin crecer, pues suplir la falta de ingresos con deuda lleva a un ciclo que más adelante suele ser pernicioso.
2. Como resulta previsible en estos tiempos, en la discusión presupuestal las grandes cifras se movieron poco, pues el margen era muy reducido como para subsanar las necesidades que los diversos sectores primordiales requerirían en el gasto, como son seguridad, salud, el campo, educación y prevención de desastres, cuyas asignaciones año con año se han visto mermadas. Sólo se reasignaron unos 18 mil millones de pesos, de un gran total de 10.2 billones a distribuir, provenientes sobre todo de recortes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al INE e INEGI.
3. Esta vez, el costo presupuestado para 2026 del servicio de la deuda será de 1.4 billones de pesos, contrastando contra 1.4 billones del total de las participaciones a Estados y Municipios, el costo total de las pensiones (incluidas las del Bienestar) de 1.7 billones y el gasto de inversión, estimado en 1.25 billones de pesos. Los subsidios, referidos a todos los programas sociales, se estiman en 1.2 billones de pesos. Pero increíble resulta que para los rubros más sensibles para la población y el desarrollo nacional, las previsiones presupuestarias sean deplorables. Para seguridad pública, el presupuesto se reduce de 70.4 mil millones de pesos a 60.1 mil millones, es decir, una disminución, que bien se dirá resultará compensada con el incremento a las Fuerzas Armadas de 158 mil a 170 mil millones, donde está cargada ahora la Guardia Nacional.
4. Para educación pública, no obstante el evidente deterioro de la infraestructura educativa, el apretón a las universidades públicas y la baja en la calidad, el presupuesto pasará de 465.8 mil millones de pesos a solo 513 mil millones, un 6.4% de incremento pero sólo el 2% del PIB, claramente insuficiente contra una añeja recomendación de la UNESCO de destinar al menos 8% del PIB a este propósito; en Salud, no obstante la carencia nacional en medicamentos, infraestructura médica y hospitalaria, la estimación presupuestaria se mantiene prácticamente igual, en 66.8 mil millones de pesos, aún cuando se diga que IMSS Bienestar será el paliativo con 172.4 mil millones de pesos.
5. En lo que se refiere a Agricultura, otro gran sector postergado en los últimos años, el presupuesto alcanzará apenas la cifra que tenía en 2018, con asignación de 75.2 mil millones de pesos, cuando ya no cuenta con la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, el programa de comercialización (Aserca) ni con los seguros agropecuarios , se ha reducido al servicio de inocuidad y seguridad agroalimentaria (SENASICA) a su mínima expresión y desaparecido el Sistema de Información Agroalimentaria (SIAP) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). El campo, como se ha visto, está al límite. Para colmo, no existe previsión presupuestal visible y operable en materia de prevención y atención a desastres, los que presumiblemente sucederán por el azote del cambio climático que como país padecemos, pero seguirán siendo manejados a manera póstuma por la SHCP conforme se vayan presentando.
