Una intervención militar estadounidense en territorio mexicano, de lo que tanto se comenta, sin el consentimiento de México en la lucha contra el crimen organizado, en especial contra el tráfico de fentanilo, de extrema preocupación para el presidente Donald Trump, sería la peor estrategia que se pudiera poner en marcha, será contraproducente y letal para la relación bilateral.
Los fuertes vínculos de los que se habla entre el crimen organizado con el gobierno de Manuel López Obrador, llevaron a varios republicanos a impulsar propuestas de intervención militar, aunque de acuerdo a especialistas ninguno de los instrumentos invocados por Trump autorizaría el uso militar en territorio de México. Pero la moneda está echada al aire. El nombrado nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo ante los senadores de su país que “Estados Unidos prefiere trabajar con nuestros socios de México”, pero también no descartó alguna acción unilateral “ya que todas las cartas están sobre la mesa”, dijo.
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Cabría preguntarnos hasta qué punto realmente una intervención militar en territorio mexicano puede abatir al crimen organizado, pacificar México y derrumbar el mercado de drogas en el vecino país del norte. Aquí existen dos puntos a considerar: por una parte, la causa real del problema lo constituye el mercado de consumo estadounidense, mientras exista perdurará el tráfico de estupefacientes con todas sus variables como son el tráfico de armas y lavado de dinero, que son dos aspectos medulares de esta clase de criminalidad, entre una gran variedad de delitos que vienen asociados y que bien conocemos en México.
El otro magno punto lo constituye el trasiego y producción de drogas en territorio mexicano, hoy de relevancia el fentanilo, que igualmente responde a la demanda estadounidense. En un hipotético caso de que se lograra abatir el trasiego de drogas en territorio mexicano, seguramente el negocio ilícito se intensificará por otras rutas como el Caribe o Canadá, como también sucede.
La historia de las drogas y el crimen organizado en el mundo nos muestra que ha sido prácticamente imposible abatirlos, posiblemente sólo controlarlos. En el caso mexicano el problema ha escalado a dimensiones insospechadas, derivado en gran medida, por una parte, por los vínculos con las altas esferas del poder político, económicas y financieras, justicia, investigación y seguridad y, por otro lado, por la cooptación criminal forzosa al aparato del estado, que deriva en el control institucional, de funcionarios y de extensas zonas geográficas del país.
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La designación estadounidense a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha despertado expectativas en algunos sectores como la antesala para una intervención militar y los intentos del presidente de Estados Unidos para alinear y doblegar a México hacia las políticas de seguridad de la Casa Blanca. Si bien la presidente mexicana se ha pronunciado por la defensa de la soberanía del país, ha accedido a varias exigencias estadounidenses, como un mayor control fronterizo y entrega de capos. Una intervención militar contemplaría espionaje, ataques con drones a laboratorios de fentanilo y fuerzas especiales para la captura de líderes criminales.
Por su magnitud no es posible abatir el crimen organizado en México, aunque bien podría controlarse en el largo plazo mediante estrategias acordes y la indispensable cooperación bilateral y regional. Lo anterior conllevará el necesario fortalecimiento y depuración institucional, lo que implica plazos largos, en un esquema de diametral impunidad y corrupción.
Una intervención militar sin consentimiento mexicano indudablemente implicará un choque de trenes y el rechazo interno en México y de la comunidad internacional con pocos signos de éxito. Una alianza de seguridad sólida entre los dos países tendrá mayores alcances que la obsesión unilateral del presidente de Estados Unidos y la debilidad del gobierno mexicano ante las esferas criminales.
