En el marco del Día del Niño y la Niña en México, es momento de reflexionar sobre el tipo de futuro que estamos construyendo para las nuevas generaciones. Esta fecha es una oportunidad para recapitular lo que estamos haciendo o dejando de hacer, para garantizarles un presente digno y un futuro con oportunidades.
La primera infancia, que comprende desde el nacimiento hasta antes de los seis años, es una etapa determinante en la vida de cualquier persona. Durante estos años se desarrolla la mayor parte del cerebro, se sientan las bases para la salud física y emocional, se moldean habilidades cognitivas esenciales y se forjan las capacidades que acompañarán a una persona a lo largo de su vida. Sin embargo, en México, muchas niñas y niños no cuentan con condiciones de bienestar los primeros años de vida.
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En 2022, el 48.1% de las niñas y niños menores de cinco años vivía en situación de pobreza, y 11.6% en pobreza extrema. Estos datos no son sólo estadísticas: reflejan infancias limitadas por la falta de acceso a servicios de cuidado, salud, educación, nutrición y protección.
Pese a ello, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 contempla apenas 24.2 mil millones de pesos para servicios dirigidos a la primera infancia. Esto representa el 0.07% del PIB, una proporción muy por debajo de lo recomendado por organismos internacionales como ONU Mujeres, UNICEF y CEPAL, que sugieren destinar al menos 1.16% del PIB para garantizar un sistema de cuidados infantil universal, gratuito y de calidad.
Además, más del 80% del presupuesto se destina a instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, lo que limita el acceso para niñas y niños cuyos cuidadores no tienen empleo formal. Esta concentración del gasto reproduce desigualdades económicas y de género, pues son las mujeres las que suelen encargarse de los cuidados no remunerados y quienes ven restringidas sus oportunidades de educación, empleo y participación social. Así, los hogares enfrentan un doble desafío: garantizar el cuidado de sus hijos sin apoyo público suficiente y mantener la estabilidad económica familiar.
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México cuenta con un marco legal que reconoce a las niñas y niños como sujetos de derechos. La Constitución, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen obligaciones claras para el Estado. Existen también instrumentos como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) y la Política Nacional de Educación Inicial (PNEI). No obstante, el gran pendiente sigue siendo el financiamiento. Sin recursos públicos asignados de forma clara y sostenida, estos esfuerzos se quedan en buenas intenciones.
La inversión en primera infancia es una de las decisiones más inteligentes y necesarias que puede tomar un país. No se trata solo de proteger derechos; se trata también de fortalecer el desarrollo económico y social a largo plazo. Una infancia bien atendida hoy es una población más sana, más productiva y más equitativa mañana.
