Las tensiones entre México y Estados Unidos no han dejado de escalar desde que se confirmó el triunfo de Donald Trump para un segundo periodo presidencial al mando de Estados Unidos; desde entonces, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que pronunciarse al respecto de la migración y una posible deportación masiva, el flujo de drogas al vecino del norte, el peligro de un aumento arancelario y la relación que México tiene con China, una nación que, todos saben, genera múltiples amenazas para los deseos de Estados Unidos.
La semana pasada, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que la fiesta de la piratería se había acabado en el país, un capítulo que quedó marcado con el operativo en Plaza Izazaga 89, en donde se decomisaron más de 262 mil artículos piratas con un valor estimado de 7.5 millones de pesos. Adicionalmente, quedó establecido que el “operativo limpieza” sería implementado en el resto del país para obtener resultados similares.
A raíz de esto, se comenzó a generar una fuerte narrativa en la esfera pública en contra de la piratería, donde el principal enfoque se encuentra en los productos ilegales que son producidos en China. A finales del 2023, la Cámara Americana de Comercio en México reportó que el mercado de la piratería en México tenía un valor de cerca de 300 mil millones de dólares; según la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la piratería genera un daño al erario de 13 mil 500 millones de pesos en impuestos que no se cobran al momento de que los productos ilegales son comprados. El tamaño del asunto no es pequeño y eso lo saben todos, el problema yace en que no toda la culpa puede caer en China, pues los mexicanos son fieles compradores; de acuerdo con el último Estudio Nacional sobre Hábitos de Consumo de Piratería, el 70% de los mexicanos adquieren uno de estos productos al año.
La “guerra contra la piratería” no debería ser considerada una en contra del país asiático, a pesar de que su implementación esté siendo interpretada como una respuesta a las amenazas de Donald Trump; pues la realidad es que México no podría progresar sin China, su segundo socio comercial más importante, así como Estados Unidos tampoco puede vivir sin ellos. Datos de la Secretaría de Economía muestran que, de 1999 a junio del 2024, México ha recibido un total de 2,244 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa de China; además, solo en el 2023 México logró generar 3,317 millones de dólares en ventas de minerales de cobre y sus concentrados a la nación asiática.
Solo con estos datos uno podría darse cuenta del gran negocio que es para ambas naciones mantener una buena relación. México es un país que desde el siglo XIX ha contado con múltiples episodios de racismo en contra de la comunidad china, por lo mismo, el año pasado, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió perdón en nombre del Estado Mexicano por los agravios y represiones que se han cometido en contra de los chinos en nuestro país como la masacre de 1911 en Torreón que terminó con la vida de 311 personas de esa nacionalidad. Si bien, es una respuesta contundente, inteligente e interesante en contra de la piratería, siempre será positivo conservar y fortalecer la relación diplomática no sólo con China, sino con todos los países del mundo porque absolutamente nadie puede detener el avance tecnológico, y de comercio abierto que hoy existe, donde incluso la imposición de aranceles dañan más a los pueblos que a los gobiernos.
Voz en Off
Como si algo le faltara al enfrentamiento entre Morena y el poder judicial, el caso de media hectárea del Bosque de Chapultepec que la inmobiliaria Trepi S.A. de C.V., de José Manuel Berumen Bautista, disputa desde hace 32 años con autoridades para convertirlo en desarrollo habitacional, continúa dando de qué hablar y subiendo de tono.
Y es que luego de que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, ordenara el pasado mes que los diputados del Congreso de la Ciudad modifiquen en un plazo de 15 días el Programa Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente, con el fin de autorizar el cambio de uso de suelo asignado al predio Montes Apalaches 525, de área verde a habitacional, la Mesa Directiva, a cargo de la morenista Martha Ávila, lejos de dar su brazo a torcer, ha anunciado que agotarán todas las instancias a fin de defender uno de los pulmones más importantes que le queda a la ciudad.
El ultimátum del juez al congreso se da debido a que la Sala Superior del hoy Tribunal de Justicia Administrativa anuló la expropiación de este predio, que data de los años 90s, y devolvió la propiedad a la inmobiliaria. Lo anterior animó a Trepi a promover un juicio de amparo que el juez David Rodríguez Matha, resolvió a su favor ordenando también otorgar el uso de suelo habitacional con restricciones.
Sin embargo, lo que parece no haber tomado en cuenta dicho juez fue que Montes Apalaches 525, siempre fue considerada área verde, avalado por la Procuraduría Ambiental.
