“Soy soldado de la Cuarta Transformación”, dijo recientemente el polémico Cónsul de México en Denver, Pável Meléndez, al proclamar su lealtad al movimiento político del Partido Morena y atribuir a “callos que se pisan” las denuncias por hostigamiento laboral y sexual en su contra. “Soy persona que viene del México profundo, no el güerito que todos quisieran tener en el servicio exterior”. Sin tener la cercanía con Claudia Sheinbaum que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, Meléndez se esfuerza en hacerse notar en México llamando “bazofia” a la oposición, y reposteando y tagueando en redes sociales a Luisa Alcantar y José Ramón López Beltrán, dirigentes de Morena, Epigmenio Ibarra, propagandista porro de la 4T, y Lenia Batres, candidata morenista a ministra de la Suprema Corte, entre otros iluminados. Promover a Morena en redes sociales contraviene el espíritu de la Ley del Servicio Exterior Mexicano que, en su Artículo 41, prohíbe a los miembros del servicio exterior “incurrir en conductas de naturaleza partidista o electoral incompatibles con el desempeño de su función…”, so pena de ser disciplinados y sancionados. Como servidor del Estado, un diplomático debe ser políticamente neutral.
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En marzo, el Comité de Ética del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores reabrió el expediente de denuncias por acoso laboral y sexual contra Meléndez que data de 2024. De acuerdo con notificación correspondiente a la empleada Montserrat Ramos (Folio 010/2025), despedida por Meléndez en marzo después de ser víctima de hostigamiento, el 21 de abril el Comité de Ética pidió al cónsul responder a las imputaciones en un plazo de seis días hábiles, que no cumplió. El 24 de abril, un puñado de empleados recibieron oficios firmados por Areli Sánchez López, titular del Área de Denuncias e Investigaciones del OIC, preguntando si tienen conocimiento de quejas y denuncias contra Meléndez por “gritos, amenazas relacionadas con la renovación de contratos del personal PSPI, malos tratos, acoso laboral, hostigamiento y/o acoso sexual, violencia de género y/o discriminación en contra del personal adscrito”, y si incurre en “conductas de nepotismo y/o conflicto de interés”. Hay reportes de que está revisando las respuestas en los oficios que serán enviados a México por valija diplomática que él autoriza y firma. De mayor utilidad sería que el OIC enviara a alguien a Denver para entrevistar a cada uno de los empleados, incluyendo a los que renunciaron o despidió. De acuerdo con datos obtenidos, desde que llegó a Denver hace dos años, ha despedido a tres Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (PSIP) y 17 más han “desertado”, según dice, bajas que ha cubierto con personas que ha traído de México, la mayoría hijos de exdiputados o miembros de Morena en Oaxaca, donde fue diputado.
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En el grueso expediente de Meléndez que obra en mi poder, hay siete denuncias, entre las que destacan las de Montserrat Ramos, María de Jesús Vargas, Eugenio Coronado y María Antonieta Carrillo, que dicen haber sido víctimas de acoso laboral y sexual; notificaciones del OIC al cónsul; audios internos; cartas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Alicia Bárcena y a Juan Ramón de Fuente. El Comité de Ética y el OIC “son órganos independientes”, me dijo Daniela Zapata, directora de Comunicación Social de la SRE. No respondió a mi pregunta de si el Canciller ha sido informado de las denuncias contra Meléndez, que el cónsul frivoliza como parte de la “guerra” contra la Cancillería de “intereses oscuros del viejo régimen”. Al concluir su trabajo, el OIC deberá emitir una recomendación al Canciller respecto a cómo proceder con el sujeto investigado conforme a la gravedad de la violación ética que encuentre en la indagatoria: amonestación privada o pública, sanción económica, suspensión o destitución.
El aparente desinterés de De la Fuente contrasta con el manejo que dio Marcelo Ebrard a un caso similar. En 2020, el militante morenista Guillermo Rivera Santos, nombrado cónsul en Tucson por AMLO, fue destituido por Ebrard tras recomendación del Comité de Ética que lo investigó por hostigamiento sexual y laboral contra su asistente particular Mari Barraza y por el intento de iniciar una campaña de desprestigio contra la autora de estas líneas. Duró 10 días en el cargo. Rivera y Meléndez son ejemplos del pernicioso uso del servicio exterior mexicano como moneda de cambio en un sistema clientelar corrupto que AMLO no inventó, pero sí empeoró atiborrando a los consulados y embajadas de gente con agenda política, sin aptitud, falta de ética e integridad.
@DoliaEstevez
