México se prepara para discutir una nueva reforma electoral. El anuncio fue hecho por la presidenta a solo unas semanas de haber concluido la primera elección judicial de nuestra historia. Y aunque no conocemos aún el contenido concreto de la propuesta, sabemos que será constitucional, profunda y, muy probablemente, impulsada sin frenos gracias a la mayoría legislativa que tiene el actual gobierno.
El momento no es casual. Se elige cuando el INE y el Tribunal Electoral atraviesan una de sus etapas más frágiles. Se elige cuando la ciudadanía está confundida, fatigada, e incluso indiferente tras un proceso que prometía democratizar la justicia pero terminó por desmantelar al Poder Judicial. Y se elige, sobre todo, cuando ya no hay contrapesos reales ni en el Congreso ni en el sistema federal.
Hay temas que, sin duda, merecen una revisión. El modelo de comunicación política está agotado. La fiscalización es costosa, tardía y muchas veces ineficaz. La sobrerrepresentación en las cámaras ha distorsionado la voluntad popular. Pero una cosa es ajustar reglas para mejorar el sistema y otra muy distinta es rediseñarlo para controlarlo. Porque si esta reforma se construye con la misma lógica de la judicial (sin diagnósticos, sin diálogo, sin técnica (el riesgo es inmenso: estaríamos frente a un nuevo intento de concentración de poder por la vía legal.
Uno de los cambios que ya se anticipan es la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la centralización absoluta de los procesos en el INE. Aunque en el papel suena eficiente, en la práctica podría sobrecargar a una institución ya debilitada, eliminar conocimientos técnicos locales, y comprometer la imparcialidad en contextos regionales particularmente complejos.
También se ha puesto sobre la mesa una posible reestructuración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa esto? ¿Una reforma para fortalecer la justicia electoral o para recortar sus capacidades y volverla más dócil al poder? ¿Se eliminarán las salas regionales? ¿Se buscará intervenir en la integración de la Sala Superior? La sola posibilidad merece alerta.
Además, se habla de reducir el número de diputaciones y senadurías plurinominales. Esta idea suele tener buena recepción social, pero puede empobrecer el pluralismo, limitar la representación de minorías y favorecer una lógica de mayorías absolutas, en detrimento del equilibrio democrático.
No todo tendría que ser negativo. México sí necesita una reforma que recupere la confianza ciudadana en las elecciones. Pero eso no se logra eliminando contrapesos ni recortando instituciones, sino fortaleciendo su profesionalismo, transparencia y capacidad operativa. Se requiere una reforma discutida con expertos, con partidos, con sociedad civil, no una impuesta desde Palacio.
El riesgo de una reforma electoral sin contrapesos es que termine consagrando un modelo a la medida del poder. Un modelo que favorezca al oficialismo, debilite la competencia y limite las posibilidades de alternancia. Eso sería profundamente regresivo.
La democracia mexicana está herida, pero no muerta. Y si algo aprendimos de la elección judicial, es que la desmovilización y la apatía salen caras. Lo que está en juego no es solo cómo votamos, sino si nuestras elecciones seguirán siendo auténticas, libres y competitivas. Si la reforma que viene no fortalece eso, será un retroceso del que costará décadas recuperarnos.
