El pasado 10 de mayo, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de no inmigrante de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, militantes ambos de Morena. Este hecho ha desatado una ola de especulaciones y sospechas sobre las posibles razones detrás de una decisión tan drástica. La medida no solo es inédita en la historia reciente de Baja California, sino que también plantea serias interrogantes sobre la integridad de estos actores políticos y las repercusiones que podría tener para ellos y su partido.
Baja California, al ser un estado fronterizo con California, mantiene una relación crucial con Estados Unidos, que no solo abarca aspectos comerciales y culturales, sino que también involucra cuestiones delicadas como la seguridad fronteriza, la cooperación en el combate al narcotráfico y el manejo de recursos hídricos. En este contexto, que una figura de alto nivel como la gobernadora María del Pilar Ávila sea despojada de su visa para ingresar a Estados Unidos pone en duda su capacidad para cumplir con sus responsabilidades en un estado que, por su cercanía con EU, depende en gran medida de la cooperación binacional.
Aunque ni el gobierno estadounidense ni la gobernadora han revelado públicamente las causas específicas de la revocación, la legislación migratoria de Estados Unidos proporciona algunas claves. Según la Ley 8771, en su párrafo 7031(c), el gobierno de Estados Unidos tiene la autoridad para retirar las visas a figuras extranjeras vinculadas a actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o actividades ilícitas como el narcotráfico o el lavado de dinero. Estas leyes han sido invocadas previamente en casos de personas que han estado bajo sospecha de participar en tales actividades. La falta de transparencia por parte del Departamento de Estado solo alimenta las especulaciones.
Desde 2022, Marina del Pilar Ávila ha enfrentado acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado. Aunque estas acusaciones nunca han sido comprobadas, personajes como su antecesor en la gubernatura, Jaime Bonilla, han alimentado la narrativa de que ella podría estar coludida con grupos criminales.
El retiro de las visas ha avivado una discusión política, en la que el Partido Acción Nacional (PAN) y otros actores de la oposición han señalado la falta de transparencia y la necesidad urgente de conocer las razones de la revocación. Las voces de la oposición han solicitado que la gobernadora rinda cuentas, exigiendo una explicación detallada sobre las causas del retiro de su visa, mientras que figuras empresariales y sociales de la región también han manifestado su preocupación sobre las implicaciones de esta medida para la gobernabilidad y la relación con Estados Unidos.
Por su parte, el partido Morena ha cerrado filas en torno a la gobernadora, minimizando la gravedad de la situación y acusando a la oposición, particularmente al PAN, de utilizar este asunto para crear narrativas desestabilizadoras. Sin embargo, esta postura podría resultar contraproducente. Al evitar ofrecer una explicación clara y directa sobre la revocación, Morena corre el riesgo de alimentar la percepción de que está encubriendo irregularidades dentro de sus filas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura más cautelosa, anunciando que solicitará información al gobierno de Estados Unidos sobre los motivos específicos detrás de la revocación de la visa.
En este contexto, la falta de una explicación clara sobre las razones de la revocación se convierte en un elemento crucial. La opacidad solo sirve para alimentar las especulaciones y desconfianzas, tanto a nivel local como nacional. Este incidente resalta una vez más la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de la clase política mexicana.
