Desde que el gobierno propuso elevar el IEPS a las bebidas que contienen edulcorantes, de 1,6451 a 3,0818 pesos por litro, ha reclamado que esta medida forma parte de su estrategia para combatir la obesidad y la diabetes. En el discurso oficial, esa alza no es un gravamen meramente recaudatorio ni una medida punitiva contra la industria, sino un paso hacia una población más sana. Sin embargo, dicha narrativa oficial merece cuestionamiento, pues descansa en una premisa simplista, basada en confusión conceptual y en una ignorancia injustificable de la literatura científica sobre los edulcorantes no calóricos.
La narrativa gubernamental tiende a agrupar “azúcares y edulcorantes” en un mismo saco, como si fueran equivalentes en efecto y riesgo. En su reciente mañanera, el secretario de Salud, David Kershenobich, incluso afirmó que no está “completamente demostrado” que los edulcorantes estén asociados al cáncer, pero los vinculó con enfermedades metabólicas y alteraciones de la microbiota intestinal. Esa ambigüedad deliberada contribuye a sembrar temor y a erosionar la confianza ciudadana frente a alternativas alimentarias legítimas. Pero no es lo mismo hablar de azúcar que de edulcorantes. Los primeros aportan calorías metabolizables y elevan la glucosa sanguínea; los segundos, cuando son bajos o sin calorías, aportan poco o nada en términos energéticos y no necesariamente alteran la glucosa en los niveles aprobados.
Los organismos reguladores más prestigiosos del mundo han evaluado los edulcorantes no calóricos (ENC) durante décadas. La FDA, la EFSA y el comité JECFA de la FAO/OMS respaldan su uso dentro de los niveles aceptables. Incluso asociaciones como la ISA Asociación Internacional de Edulcorantes, cuya Coordinación Regional para LATAM recae en Laura Miranda, subrayan que estos ingredientes han sido “exhaustivamente estudiados” y que pueden servir como herramienta para reducir el consumo de azúcar y calorías sin sacrificar el gusto dulce. De hecho, se espera que tengan participación en el “Primer Foro internacional sobre impuestos a productos nocivos para la salud”, recién anunciado en la Cámara de Diputados.
Más aún, imponer impuestos elevados sobre las bebidas con edulcorantes puede tener efectos contraproducentes, ya que se le quita una opción al consumidor, como advierten expertos críticos de la medida. Además, muchas de las reformas alimentarias que impulsan las bebidas “sin azúcar” como sustitutos responsables perderían viabilidad comercial si su costo se dispara.
En el universo de la ciencia nutricional actual, los ENC no son villanos absolutos; son herramientas que, en un contexto de dieta balanceada, actividad física y educación alimentaria, pueden colaborar en estrategias de salud pública. Al final del día, no se trata simplemente de recaudar más, ni de prohibir sabores; se trata de construir políticas alimentarias basadas en evidencia, con transición paulatina, regulaciones inteligentes y educación. Si en el gobierno realmente creen que su propósito es proteger la salud de los mexicanos, deberían promover el uso responsable de edulcorantes y no penalizar todas las bebidas de forma indiscriminada.
La apuesta millonaria de Traxión
México se coloca como eje de nearshoring y relocalización, con una manufactura que crece 20% anual desde 2019, muy por encima del promedio global de 7%. En este contexto, Traxión, la firma mexicana de Aby Lijtszain, no pierde el paso. A tan solo tres meses de integrar a Solistica en México, la empresa ya controla más de 1.1 millones de m² en almacenes, gestiona una red de 1,300 proveedores y atiende a más de 1,500 clientes. El objetivo es superar los 1,000 millones de dólares en ventas anuales en su división de Logística y Tecnología hacia 2026. Está jugada fortalece la competitividad del país en un momento en que los cuellos de botella en cadenas de suministro son una de las principales preocupaciones globales. Así, Traxión busca consolidarse como un imán para la inversión extranjera en sectores de alta manufactura. La pregunta es si la compañía logrará capitalizar este boom manteniendo la eficiencia y escalabilidad que hoy presume.
Jornada en Michoacán
La Entidad Mexicana de Acreditación (ema), que preside Raul Tornel y Cruz, estuvo de gira en Morelia, Michoacán, donde acompañada de Alejandro Vargas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Michoacán; Aramis Sosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Morelia; Alejandro Méndez, secretario del Medio Ambiente; y Edgardo Jurado, director de Obras Públicas de la Secretaria de Obras Públicas municipales, celebró la jornada de Normas y Acreditación dirigida a empresarios, industriales y profesionales de sectores regulados para enfatizar en la importancia del cumplimiento de normas técnicas y ambientales, por parte de los sectores productivos, para reforzar la competitividad empresarial. El cumplimiento de normas ambientales también es tema de agenda, por lo que, también participó Alberto Rojas Rueda, subprocurador de Prevención Ambiental de la PROFEPA.
