Las órdenes para que las fuerzas militares estadounidenses se agrupen a lo largo de la frontera con nuestro país constituyen una señal peligrosa que obliga al gobierno a cerrar filas. La Presidente de la República no cesa de evocar nuestro himno nacional, en el que se le concede a la patria un soldado por cada hijo nacido en su seno, presto a las armas en caso de que algún enemigo osare profanar con sus plantas nuestro suelo.
¿Es tiempo de defender nuestra soberanía? Administraciones van y vienen, y en cada una se alude indefectiblemente al tema de la soberanía nacional, por un hecho o por otro.
En pleno Renacimiento, junto con la aparición del Estado moderno, Jean Bodin acuñó el primer concepto de soberanía, entendido como el poder absoluto y perpetuo de la república: absoluto, porque no se subordina a otros poderes ni a otras leyes; perpetuo, porque no es un mandato temporal o delegado, sino que reside permanentemente en el ente soberano.
Han pasado muchos años desde entonces y, sin embargo, el concepto de soberanía sigue siendo relevante en nuestros días. Hay quienes, ya bien entrados en la segunda década del siglo XXI, aún esgrimen el concepto en su acepción renacentista; no es casualidad que, en muchos casos, se trate de gobernantes nacionalistas, poco afectos a valores democráticos como la transparencia y la rendición de cuentas. Existen otras visiones, más modernas, que siguen reconociendo a la soberanía como un elemento esencial del Estado, pero que, persiguiendo un bien mayor para la Nación, suelen llevar a cabo acciones que claramente la delimitan.
La Constitución Federal establece con toda claridad que, en el caso de nuestro país, la soberanía no reside en el gobierno sino en el pueblo, y significa la potestad inequívoca que éste tiene para determinar su propio destino y los caminos para acceder a él; un propósito que cumple a través de los órganos que lo representan y a los que corresponde la facultad de expedir las leyes. Surge entonces la pregunta: ¿puede el pueblo ejercer su soberanía cuando se encuentra privado de la libertad?
El gran dilema del gobierno actual radica en conservar un concepto teórico que, frente a la problemática de seguridad y economía que enfrentamos hoy, resulta absolutamente cuestionable.
Sin menoscabo del esfuerzo que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo el mando de Omar García Harfuch, no podemos ocultar el doloroso número de fallecidos por violencia ni los más de 131 mil mexicanos desaparecidos hasta 2025.
Por otra parte, resulta poco alentador el propósito de crecimiento que la OCDE prevé para nuestro país, del 0.4%, que el Banco de México reduce a una proyección más realista del 0.1%.
Hablar de soberanía nacional conlleva la necesaria libertad con que el pueblo de México debe definir su organización y destino. No se trata de un concepto abstracto emanado de los libros de teoría del Estado, sino de una realidad que se palpa diariamente en nuestra vida cotidiana y en nuestros bolsillos, al atender la realidad que los sectores privados y sociales del país enfrentan para cumplir sus propios objetivos, ligados al progreso, la sostenibilidad y el desarrollo del bienestar de las familias que conforman nuestra sociedad.
Resulta indudablemente preocupante que México pudiera resentir, una vez más, una intervención contra el territorio nacional, que enlutezca a nuestras familias y marque un capítulo vergonzoso en la historia del país. Nada sería más doloroso que ver a tropas estadounidenses o el poderoso equipo bélico con que hoy cuentan, cruzar nuestra frontera para abatir a criminales en territorio mexicano.
Sin embargo, debemos ser introspectivos y honestos: México ha incurrido en la grave falta de no combatir con firmeza a las bandas criminales que dañan nuestra existencia y expanden su poder más allá de nuestras fronteras. Durante seis años a la delincuencia se le abrazó y subvencionó bajo la equivocada idea de que los problemas de criminalidad se enfrentan con dádivas.
Debe aplaudirse el cambio de rumbo y reconocerse el esfuerzo emprendido para combatir a la delincuencia, pero también aceptarse con frialdad la realidad de nuestras propias capacidades. Si queremos preservar intacta nuestra soberanía, debe asegurarse la participación exitosa de nuestras fuerzas armadas en el propósito inequívoco de recuperar la gobernabilidad y la paz en todo el territorio nacional.
Frente a la opresión y el menoscabo de la libertad social que impone el descontrol de la criminalidad, la recuperación de nuestra soberanía podría comenzar con la celebración de acuerdos internacionales suficientes, mediante los cuales se acepte la ayuda bélica para contrarrestar el gran poder que los delincuentes han acumulado en los últimos años. Ello no diferiría sustancialmente de los planes aceptados en décadas anteriores, por los cuales se han recibido recursos extranjeros para la adquisición de equipo y armamento destinados a combatir el tráfico de sustancias prohibidas.
En suma, no podremos hablar de la preservación de nuestra soberanía hacia el exterior mientras permanezcamos debilitados en nuestra soberanía interior. La verdadera defensa de la nación comienza por garantizar paz, justicia y seguridad en nuestro propio territorio.
