1.
En un movimiento dramático para los esfuerzos globales para combatir el cambio climático, la Unión Europea asumió una propuesta ambiciosa para dejar de usar combustibles fósiles, sin duda aplaudida por todos quienes tememos el deterioro progresivo de nuestro único hogar, el planeta Tierra.
Sin embargo, como sucede con otros tantos problemas globales, los más afectados con este tipo de medidas resarcitorias habrán de ser los países con menos responsabilidad por ese deterioro. El anuncio de Bruselas parece marcar la pauta en una revolución energética con bases renovables.
Impulsado por una
sorprendente reducción en el costo de los sistemas de energía renovable y un gran
impulso por la neutralidad de carbono, técnicamente el mundo tiene ante sí una oportunidad real de atajar el cambio climático.
Pero aunque la descarbonización es esencial para la supervivencia de la humanidad, la transición tendrá profundos efectos económicos, en donde podrían pagar más quienes menos tienen.
2.
Aun siendo un beneficio neto para el mundo, la transformación creará ganadores y perdedores.
Pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables inevitablemente desplazará a industrias establecidas desde hace mucho tiempo, costará sus puestos de trabajo a millones de trabajadores y perturbará las comunidades que dependen de las industrias del carbón, el petróleo y el gas natural.
De ahí que mitigar el impacto del cambio climático podría, en última instancia, parecerse a los efectos de la globalización y la liberalización del comercio en la segunda mitad del siglo XX.
Las ganancias de esas transformaciones fueron reales, pero como no se expandieron proporcionalmente las redes de seguridad social, también impulsaron una creciente desigualdad y una mutación contra los buenos empleos.
Esta paradoja de más desarrollo pero mayor desigualdad no sólo perjudicó a los trabajadores, sino que también produjo una fuerte reacción política para rechazar los cambios porque causan desigualdad, pobreza y dependencia.
3.
Ahora, debe reconocerse que las acciones necesarias para evitar un desastre ambiental conducirán a la pérdida de puestos de trabajo y al cierre de empresas con mayores perjuicios para los países pobres que a los ricos.
En ausencia de una red de seguridad adecuada para las personas y comunidades que pueden salir perdiendo, incluso las políticas climáticas más bien intencionadas podrían producir una intensa reacción social. Los “impuestos verdes” elevan los precios y reducen el ingreso de los más vulnerables.
4.
El mundo se encuentra en medio de una emergencia climática.
Las temperaturas globales ya están un grado celsius por encima de los niveles preindustriales.
Eso es solo medio grado menos que el nivel límite calculado por los científicos del clima. Además, las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero siguen aumentando.
Aunque en 2020 se registró una caída sin precedentes en las emisiones de carbono debido al paro provocado por la Covid-19, las tasas ya han comenzado a repuntar en 2021.
5.
Parece ser que ya no queda mucho tiempo para hacer algo en serio. Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) a los gobiernos sólo les quedan 30 años para reducir
las emisiones globales antes de un punto de inflexión planetario.
Pero, es preciso advertir, si sólo se asumen medidas punitivas y restrictivas a los países en general, sin diferenciar entre quienes pueden pagar los cambios y quienes no, lo que se pretenda no podrá hacerse. Ahora sí, no como ha sucedido con el combate a la Covid-19, los países ricos (el G7 más Rusia y China) deben asumir el costo de reparar lo que con sus emisiones y consumo han provocado. Con la revolución verde, se requiere una revolución financiera para establecer fondos de inversión y mitigación, para evitar que otra vez sea la desigualdad lo que prevalezca.
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