Foto: Facebook UAEH Oficial

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Redacción ejecentral

El rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola publicó este jueves una carta abierta a las autoridades federales para denunciar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desacató la sentencia emitida el pasado 15 de mayo para desbloquear seis cuentas bancarias de esta casa de estudios, por lo que solicita la separación del cargo de Santiago Nieto Castillo.

“La negativa del funcionario público de levantar la orden de bloqueo de las cuentas bancarias HSBC, constituye un desacato a una orden judicial definitiva que con toda la contundencia determinó que no existe ningún indicio de lavado de dinero o de vínculo con organización criminal alguna”.

El documento emitido por la UAEH detalla que la UIF no ha logrado justificar de manera legal el bloqueo de cuentas y, aunado a ello, la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) realizó un nuevo bloqueo “sobre todas las cuentas e instrumentos financieros, ejecutado el 25 de mayo del año en curso que ocasiona la parálisis de la universidad”.

La autónoma de Hidalgo refiere que el desacato de la UIF constituye un “desprecio” a la Constitución y una falta de respeto a las resoluciones del Poder Judicial Federal, hecho que representa “la posible comisión de los delitos estipulados en la Ley de Amparo”.

De acuerdo con la máxima casa de estudios hidalguense, los montos bloqueados por la UIF son resultado de 30 años de trabajo y ahorro constante de su personal académico y administrativo, así como de los subsidios que recibe.

“En consecuencia, exige la aplicación de todo el peso de la ley, la separación del cargo del funcionario federal y el inicio de los procedimientos penales correspondientes contra él, los funcionarios de HSBC México, S.A., y quienes resulten responsables”.

Por último, la UAEH subraya que pese a la gravedad t los riesgos que se viven por la pandemia en todo el mundo, la institución educativa hará uso de los medios a su alcance para hacer valer su derecho y no ver quebrantada su vida institucional.

El documento está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf Noriega. CJG

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