Juan Antonio Le Clercq

El reporte sobre cambio climático publicado recientemente por el IPCC señala que el margen para evitar temperaturas por encima de 1.5ºC se reduce a poco más de una década y que esto exige a los países realizar esfuerzos adicionales a los comprometidos en el Acuerdo de París. Enfrentar la magnitud de la crisis ambiental global, sin embargo, requiere más que reducir emisiones, pasa por una transición sustentable en la energía, las ciudades, el transporte o la producción de alimentos. Nos exige cambiar nuestra relación con el medio ambiente e integrar en la vida cotidiana el principio de respeto por la naturaleza.

El Acuerdo de Escazú resume la dimensión algunos de los retos que involucra una transición hacia formas de desarrollo más sustentables. Este tratado define las obligaciones y bases para la cooperación de los Estados en temas como generación de información pública sobre asuntos que afecten el ambiente o la salud pública, así como la existencia de mecanismos efectivos de trasparencia; participación de los ciudadanos en procesos de toma de decisión y consultas cuando actividades públicas o privadas involucran riesgo de daño ambiental; garantizar acceso a la justicia a través de la creación de instancias jurídicas y administrativas y procedimientos específicos para denunciar, investigar y sancionar delitos o daños ambientales; mecanismos de protección para los defensores de los derechos humanos y activistas ambientales; así como compromiso con el desarrollo de capacidades nacionales y la creación de nuevos esquemas de cooperación.

Hasta ahora 15 países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo, 11 que participaron en las negociaciones no lo han hecho y siete países de plano no son parte del proceso. Entre quienes fueron parte de las negociaciones y hasta ahora han decidido no firmar, destacan Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica y Trinidad y Tobago. Mientras que Cuba, Nicaragua y Venezuela se encuentran entre quienes no participaron en las negociaciones.

El acuerdo firmado apenas en septiembre entrará en vigor 90 días después de que 11 países lo hayan ratificado. Habrá que ver cuántos lo ratifican y cuántos renuncian a hacerlo, cediendo a las presiones de gobiernos locales, grupos privados e incluso organizaciones criminales, que rechazan medidas efectivas de protección al medio ambiente cuando afectan sus intereses económicos.

La agenda del Acuerdo de Escazú implica crear los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan actuar contra gobiernos y empresas cuando sus actividades generen daño irreversible a la naturaleza o provoquen mayor vulnerabilidad para las comunidades humanas. Su ratificación es muy relevante porque supone superar la diferencia entre defender discursivamente a la naturaleza y asumir en los hechos la responsabilidad de crear instituciones, leyes y políticas que efectivamente garanticen el derecho a un medio ambiente sano.

Lo que hemos visto desde que se creó la arquitectura climática global en la década de 1990 del siglo pasado, es una cascada de discursos bienintencionados que los gobiernos no tienen la intención de llevar a la práctica, aunque se incremente el riesgo de catástrofe climática y la vulnerabilidad de millones de personas. Y es de esperar que menos voluntad política tendrán para permitir se investigue y sancionar a quienes violen leyes ambientales o provoquen daños irreversibles.

El problema es que tenemos muy poco tiempo para actuar y evitar una catástrofe climática y esto implica necesariamente pasar de las palabras y compromisos huecos a los hechos medibles y verificables.

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