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Redacción ejecentral

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos-Farjat admitió la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Michoacán en contra del decreto con el cual se faculta a la Fuerza Armada colaborar en tareas de seguridad pública.

Se dio un plazo de 30 días hábiles para que el Ejecutivo responda a la demanda y se dé inicio al periodo de instrucción del proceso.

Esta es la primer controversia constitucional que se emite en contra del Acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 11 de mayo, aún están pendientes de admisión a trámite el interpuesto por el municipio de Colima y el de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.

La admisión a trámite de la controversia promovida por Silvano Aureoles busca echar abajo el decreto de AMLO en el cual indica que mientras la estructura de la Guardia Nacional queda instaurada, el Ejército y la Marina podrán participar en labores de seguridad pública.

De acuerdo con el planteamiento, esta tarea cerrará este ciclo en cinco años, es decir, hasta el año 2024. Al emitir el decreto se refirió que esta consideración es parte de la reforma Constitucional por el cual se aprobó la creación de la Guardia Nacional.

Ríos-Farjat dio un plazo de cinco días a la capital del estado de Colima para que especifique cuál es la norma o acto que combate, pues su controversia no hace mención al decreto. En el caso de la controversia tramitada por la legisladora Laura Rojas, se espera que la ministra emita su pronunciamiento. CJG

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