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Tomás de la Rosa

Lejos quedó el interés de Andrés Manuel López Obrador de que la economía mexicana creciera al 6.0% anual, como lo proponía desde su gobierno legítimo en 2006. Para 2012 recortó su meta a 4.0% anual, y la redujo a 2.0 por ciento. 

Sin embargo, su nuevo pronóstico se quedará corto porque su enojo contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) está a punto de paralizarla y con ello se impactará la escasa inversión productiva, el empleo y el bolsillo de los mexicanos.

“Estamos viviendo un momento donde todo el sistema de competencia se está resquebrajando. No sólo en la Cofece, sino en los tribunales especializados. Están tomando dimensiones de gravedad muy importantes”, dijo en entrevista con ejecentral, el presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce (ICC México), Miguel Flores-Bernés. 

Opinión que comparten otros dos especialistas que señalaron por separado que la negligencia del Presidente de la República se refleja en que desde 2021 tendría que nombrar uno de siete comisionados, pero no lo hizo, y la situación se agravó en febrero pasado cuando falleció por coronavirus un comisionado, y este mes renunció la comisionada presidente, Alejandra Palacios, por lo que faltan tres integrantes.

Lo anterior, tiene al borde de la parálisis a la autoridad antimonopolios, ya que con cuatro comisionados sólo pueden resolver algunos asuntos, como vistos buenos para la compra-venta de empresas. Pero, si algunos de los cuatro (de siete que deben ser) comisionados se excusan (como ha pasado), no podrán resolver esos asuntos y se autorizará de manera automática por afirmativa ficta. Esto último podría dañar la competencia de mercado.

La razón del desinterés del presidente la explica Xavier Ginebra Serrabou, socio del despacho Jalife, Caballero & Asociados, exsubdirector jurídico de la antigua Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

“La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es un órgano constitucional autónomo muy molesto para López Obrador. Por su autonomía promovió varias controversias de constitucionalidad que a López Obrador le han caído en el hígado”, comentó Ginebra Serrabou, posgraduado en Derecho en Competencia Desleal.

Contrario a la visión de López Obrador en 2006 y en 2012 que consideraba la libre competencia como uno de los ejes para incentivar la inversión a tasas del 16% anual para el crecimiento de la economía, actualmente como presidente considera que la Cofece es un “florero”. 

“La Cofece es como un florero, está de adorno, cuesta muchísimo mantenerlo y es autónomo. Autónomo entre comillas, porque cuando se trata de llevar a cabo acciones en beneficio del pueblo la Cofece se ampara”, dijo a los medios de comunicación en su discurso desde Los Cabos, Baja California Sur, el pasado 6 de agosto. Esta es una de las más de 30 veces que ha atacado a la dependencia. Ese ataque hace pensar al gremio jurídico que fue el motivo que obligó a Alejandra Palacios a renunciar en forma adelantada en la recta final de su periodo como comisionada de la Cofece, que concluía en febrero de 2022. La partida la hizo coincidir con el fin de su periodo como presidenta.

En ese escenario, además de que se estaría violando las reglas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, también se afectarán los alicaídos flujos de inversión, el empleo y se alimenta el cáncer del dinero, la inflación.

Llama la atención la negligencia presidencial sobre un acto relacionado con los flujos de inversión, con la compra-venta de empresas. Datos del Banco Mundial muestran que en el primer año de gobierno de López Obrador, México perdió 42 peldaños en ranking mundial de inversión extranjera directa como porcentaje del producto interno bruto (PIB). En 2018, ocupó la posición 72 con un 3.1% y en 2019 se ubicó en el lugar 114 con 2.3 por ciento. Por lo anterior, algunos agentes económicos analizan alternativas legales para obligar al presidente a designar a los comisionados. Esto ante la negativa de atender el llamado que hizo la Cámara Internacional de Comercio, capítulo México (ICC México) y del exhorto realizado por la Comisión de Comercio del Senado, ambos para el mismo fin. Otra afectación al sistema de competencia en México, es la saturación de los dos únicos juzgados especializados en la materia, los cuales tienen más de 6 mil demandas de amparo, cifra que representa un incremento superior al 700 por ciento.

Violaciones al T-MEC
Alejandra Palacios Prieto (al centro), renunció este mes a la presidencia de la Cofece. En la imagen se observa tomando protesta en 2017 para otro periodo de cuatro años en el cargo. Foto: Cuartoscuro

Del amor al odio

En 2006, desde su gobierno legítimo, Andrés Manuel López Obrador con el apoyo de dos hombres de su máxima confianza (en ese entonces) Carlos Urzúa y Rogelio Ramírez de la O, era un apóstol de la libre competencia.

“Desde el gobierno legítimo, Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda, hizo un estudio de cómo impacta un mercado sin competencia a la gente de escasos recursos y calculó que afectaba por lo menos el 10% de poder adquisitivo”, recordó Ginebra Serrabou, autor de siete libros en materia de competencia. El 23 de noviembre de 2006, la revista Proceso publicó: “Ley de precios, primera iniciativa de AMLO como ‘presidente legítimo’”, donde señaló que en México se pagaban precios, en ese entonces más que en Estados Unidos. 

Por ejemplo, más de 2000% por el precio de venta del cemento gris para la construcción; 3600% más por comisiones bancarias, “una de las causas del estancamiento económico del país es justamente las actividades monopólicas y oligopólicas”.

Seis años después, en 2012, en la capital industrial de México (Monterrey, Nuevo León), López Obrador, ya con Ramírez de la O como su principal asesor económico, presentó su proyecto económico denominado “Propuestas para impulsar la inversión, el empleo y la prosperidad”.

En ese entonces, señaló que una mayor competencia en sectores de alta concentración, reduciría los precios internos. Reconoció que “los monopolios impiden la rentabilidad de las inversiones”, que además generan un “clima poco propicio para los negocios” y se comprometió a que la “inversión privada va a aumentar (con) nuevos polos de desarrollo, combate prácticas monopólicas, energía competitiva, confianza”. A diferencia de ahora, en ese entonces sí reconocía que “la política económica ha desacelerado la inversión necesaria para tener crecimiento” y que las “empresas competitivas están abrumadas por la reducción del mercado interno y el peso de los monopolios”. Sin embargo, sin importar una penalización por parte de los socios comerciales del T-MEC, se dispone a la parálisis de la Cofece.

“El T-MEC tiene un capítulo de competencia y obliga a los gobiernos a tener una autoridad de competencia funcional. Creo que sí hay una violación al T-MEC por parte de México, si se confirma la intención de inhabilitar o matar a la Cofece a través de estas actuaciones”, señaló Flores-Bernés En ese sentido, Ismael Henestrosa, del despacho Aziz & Kaye Business Law, advirtió que el gobierno está obligado a mantener la operación del ente antimonopolios.

“Si no puede sesionar la Cofece porque le faltan comisionados En primer lugar vamos a estar en default por incumplir el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Eso es lo primero que va a pasar porque tenemos la obligación de garantizar la competencia y la libre concurrencia”, señaló Henestrosa, también excomisionado de la extinta Cofeco.

La Cofeco fue el ente antimonopolios que hasta antes de 2013, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. A partir de junio de 2013, se transformó en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que más allá del cambio de nombre, se convirtió en organismo autónomo constitucional avalado por el Artículo 28 Constitucional que garantiza el actuar de la dependencia.

La fiesta de los ratones

La autoridad máxima de la Cofece es el pleno, integrado por siete miembros (incluido el Comisionado Presidente). Debido a que actualmente sólo hay cuatro comisionados, la dependencia puede resolver algunas autorizaciones de compra-venta de empresas (concentraciones) y sobre prácticas comerciales desleales como las monopólicas.

“Con cuatro comisionados pueden resolver todo lo que son prácticas monopólicas absolutas o relativas y concentraciones. Pero hay casos qué no podrían resolver, como las barreras a la entrada (de nuevos competidores al mercado), como el asunto de los sistemas de pagos con tarjeta de débito y crédito que pasan por la cámara de compensación. No lo van a poder resolver hasta que haya cinco comisionados”, indicó Henestrosa.

Derivado de que “se considera que no existen condiciones de competencia” en ese mercado donde participan bancos como BBVA o Citibanamex; los emisores de tarjetas como Visa, MasterCard, Carnet, American Express, y cámaras de compensación como Promoción y Operación (Prosa) y Servicios Electrónicos Globales (E-Global), el costo para todas las partes aumenta. Aunque finalmente, quien paga es el cliente. Otro impedimento es la emisión de normas reglamentarias, como la necesaria para la Ley de Contratación de Publicidad (Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad)

“La ley entró en vigor el 1 de septiembre. Fue auspiciada por el senador Ricardo Monreal. Tiene muchas fallas que deben ser cubiertas por disposiciones regulatorias de Cofece. Si bien emitió unas disposiciones de emergencia, sólo son procedimentales, pero como no tiene cinco comisionados no puede hacerlo. Ahí tenemos a todo el ecosistema de publicidad afectado porque tiene que cumplir con una ley que tiene muchos huecos”, expuso Flores-Bernés. Ante la potencial inoperancia de la dependencia, la compra-venta (concentraciones) de empresas tendrá su autorización en afirmativa ficta. En algunos casos las investigaciones podrían caducar y los implicados tendrían inmunidad porque no podrán ser investigados otra vez.

Un ejemplo del riesgo de autorización con afirmativa ficta, es el caso de Cornershop (Delivery Technologies), la aplicación digital de entregas a domicilio, que pretendía comprar el gigante global de supermercados Wal-Mart que no fue autorizada porque habría generado incentivos para desplazar indebidamente o impedir el acceso de otros competidores a la plataforma de Cornershop y/o obstaculizar el desarrollo de nuevas plataformas.

Por esto, la actitud hostil de López Obrador genera un mercado óptimo para los actores que comenten prácticas monopólicas. “Cuando el gato no está hay fiesta con los ratones. Como dicen los abogados de competencia, los agentes económicos o empresas que comentan prácticas indebidas, verán que no hay quien los sanciones, aunque sí hay quien los investigue”, advirtió Henestrosa. Todo ese se traduce en mayores precios para el consumidor, y por el momento alimenta la espiral inflacionaria que inició en marzo pasado y se espera que se extienda hasta el primer trimestre de 2022 con incrementos de precios anualizados por arriba del 4.0%, que es la meta máxima del Banco de México.

“Resquebrajar el sistema de protección a la competencia va contra el principio (de López Obrador) de primero los pobres, porque así (con la parálisis operativa de la Cofece) son primero los grandes monopolios. En pocas palabras, es primero la mafia del poder”, alertó Ginebra Serrabou. 

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