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Desde el 1 de enero de 2019 los recursos públicos para las organizaciones de la sociedad civil se detuvieron; el argumento entonces fue que se haría una revisión y depuración. Un mes más tarde, la Secretaría de la Función Pública emitió un memorándum en el que se prohibió contratarlas como intermediarias para ejecutar proyectos, y después la Secretaría de Hacienda solicitó la entrega de inmuebles bajo su resguardo, lo que tiene a las organizaciones al borde de la inanición, en especial a las que se dedican a combatir el VIH-Sida.
De esta forma el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a desmantelar lo que él ha catalogado, sin distinción, como grupos cómplices de un sistema corrupto y como intermediarios de recursos públicos que no beneficiaron a los ciudadanos. Y así dio paso a su estrategia de entregar los beneficios de forma directa.
“Los apoyos que otorgue el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa, sin intermediarios, para evitar moches, corrupción y manipulación política. Por eso se está levantando un censo casa por casa para identificar a cada beneficiario, entregarle una tarjeta y que él mismo retire sus apoyos”, adelantó en su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México como compromiso 29.
Es un fuerte golpe a un proceso de años entre autoridades y organizaciones no gubernamentales que buscamos, en conjunto, ayudar con la gran cantidad de trabajo.” Arlen Palestina, representante legal de la Brigada Callejera de Atención a la Mujer
El recorte del presupuesto para organizaciones de la sociedad civil puso en riesgo tareas en las que el Estado no tiene capacidad para atender, alguna de ellas de alto impacto social, como la promoción y prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), advierten grupos especializados.
En 2018, el gobierno federal destinó seis mil 209 millones 37 mil 495 pesos, traducidas en 18 mil 880 acciones de fomento que recayeron en 10 mil 433 organizaciones de la sociedad civil. Mientras que 3.55% del total se repartió entre apoyos en especie: capacitación presencial, capacitación a distancia, asesoría, servicios, difusión y comunicación, y convenios.
Uno de los especialistas en el tema, Juan Sierra Madero, jefe del departamento de Infectología del Centro Nacional de Nutrición, reconoció que si bien la promoción de la protección y educación sexual, la prevención y detección de enfermedades corresponde a instituciones de salud, hay espacios sin atender.
“Estas organizaciones llevaban labores de acompañamiento, de ayudar a un diagnóstico, que si bien es un tema que primariamente está asignado a las instituciones de salud, está perfectamente demostrado que la participación de organizaciones de la sociedad civil llena muchos huecos y suma a intervenir en áreas en donde a veces el sistema de salud no llega”, expuso.
Por lo destacado de su trabajo, Sierra Madero formó parte, en los últimos meses, del equipo de médicos encargados de la evaluación, elección de laboratorios y negociaciones de la Secretaría de Salud (SSA) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para obtener medicamentos antirretrovirales a menor costo y de mejor calidad.
“Queremos avanzar en eso y mejorar diagnóstico, tenemos que valernos de todo. Había ONG muy valiosas, metidas en temas de diagnóstico con autopruebas, pruebas rápidas, en sitios de encuentro; en lugares donde es crítico que haya acceso a insumos de prevención y muchas veces el sistema de salud no lo alcanza”, reconoció.
El gobierno, aseveró Sierra Madero, podría mejorar la manera en que se reporta el gasto, pero no retirarles los recursos.
Es vital, advirtió el infectólogo, contar con un departamento de prevención con medicamentos, clínicas de salud sexual y reproductiva para que las personas puedan hacerse diagnósticos tempranos y acceder a otros servicios como la vacunación, diagnóstico y tratamiento, no sólo pruebas.
Prevenir sin dinero
Desde los primeros días de diciembre López Obrador acusó a las organizaciones “de la llamada sociedad civil”, de actos de corrupción en la entrega de apoyos, y aunque no especificó a cuáles se refería, todas pagaron igual.
El primer memorándum lo emitió el Presidente, el 14 de febrero de este año y especificaba: “como es del conocimiento público, hemos tomado la decisión de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.
Desde entonces, dejaron de emitirse las convocatorias a través de las cuales las organizaciones obtenían recursos.
“Esperábamos la convocatoria, como todos los años, pero mediante un oficio por parte del Presidente de la República se nos notificó la cancelación de recursos para las asociaciones civiles por transparencia, porque habían detectado algunas organizaciones corruptas”, relató Hilda Peñaloza, directora ejecutiva de Inspira Cambio A.C.
Tan sólo el año pasado el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida) recibieron 536 millones 731 mil 113 pesos para el fomento de actividades que realizan organizaciones como Inspira Cambio, A.C.
Esta organización, desde hace seis años, se ha dedicado a la promoción y prevención del VIH y ETS, y da seguimiento a cada paciente con resultado reactivo. Ahora, siete meses después de no tener fondos públicos, muchos de sus servicios se han cancelado por la falta de recursos.
En la misma situación se encuentra la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C., que mantiene una labor de prevención y seguimiento a las trabajadoras sexuales y víctimas de trata en la zona de La Merced, en la Ciudad de México.
Las organizaciones sociales tenían tres formas de allegarse recursos públicos, la primera era a través de donativos, otra era mediante convocatorias para recursos específicos otorgados por las dependencias y la tercera como prestadoras de servicios, mediante contratos, para la ejecución de programas.
En el caso de las agrupaciones que atienden temas de salud, por ejemplo, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida), el gobierno federal realizaba convocatorias en las que participaban las asociaciones civiles con proyectos que debían ofrecer metas medibles y rendir cuentas cada año con los recursos otorgados.
Un paso atrás en atención
En México existen alrededor de 220 mil pacientes con VIH, pero una tercera parte desconoce su estatus y sólo 150 mil son atendidos, una parte fueron detectados por alguna asociación civil.
Inspira Cambio A.C. atiende a cerca de 600 personas mensualmente, en sus tres ubicaciones, a quienes ofrece condones y lubricantes de manera gratuita. Para poder sobrevivir, impuso este año un costo de recuperación en algunos de sus servicios de análisis y pruebas para la detección de infecciones y Virus del Papiloma Humano (VPH); así como en las consultas médicas.
En caso de un resultado de sífilis, la ONG realizaba un estudio de laboratorio para comprobar el resultado, validar la infección y apoyar con el tratamiento. Hoy este apoyo tiene un costo, por la falta de recursos. Algo similar ocurre en la detección de VPH.
›“Ha habido disminución del alcance en promoción y prevención de VIH. Otras veces era promocionar, ir a los lugares de encuentro de las personas, entregar una dotación de insumos de prevención, de condones, de lubricantes, y ahora estamos limitados en seguir promoviendo la prevención”, reveló la directora ejecutiva de Inspira Cambio A.C.
Peñaloza Andaluz explicó que es preocupante el recorte, porque alrededor del 7% de los jóvenes que se realizan una prueba de VIH tienen un resultado reactivo. En esto coincide el doctor Juan Sierra, porque aún existen muchas trabas burocráticas que generan retraso en la detección y en la aplicación de tratamientos para pacientes.
“Muchas de esas cosas influyen para que en México tengamos que diagnosticar a pacientes en hospitales. Siguen llegando personas con la enfermedad avanzada por VIH. Si una persona tiene VIH la deberíamos diagnosticar de manera temprana y ser más fácil su tratamiento, que admitirlos en un hospital con neumonía, un tumor, infecciones en los ojos, en el sistema nervioso”, aseveró.
Para la Brigada Callejera de Atención a la Mujer, la situación no es diferente. Desde hace 30 años ofrece acciones de prevención para alrededor de 800 mujeres que se dedican al trabajo sexual, pero con el retiro de apoyo han disminuido su capacidad de realizar pruebas rápidas de VIH y sífilis, papanicolau y colposcopía.
“Es un fuerte golpe a un proceso de años entre autoridades y ONG que buscamos, en conjunto, ayudar con la gran cantidad de trabajo. Somos especialistas en varios temas que sería imposible que el Estado mexicano resolviera por la cantidad de trabajo”, sostuvo Arlen Palestina, representante legal del organismo.