Muna Dora Buchahin, directora general de Auditoría Forense, quien tuvo a su cargo las investigaciones que documentaron los desvíos de Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Rosario Robles, fue separada de su cargo en la Auditoría Superior de la Federación. Ante esta decisión, la funcionaria manifestó su inconformidad y señala como improcedente la forma y condiciones de esta decisión, en una carta que dirige al actual auditor superior David Rogelio Colmenares Páramo. De acuerdo con la misiva fechada el 30 de mayo y divulgada este viernes por Aristegui Noticias, acusa una “instrucción superior” y le pide al titular de la ASF se le informen las razones claras de “la decisión unilateral sin fundamento por parte de usted” para separarla del cargo.
El pasado miércoles 23 de mayo, el CPC. Gerardo Lozano Durbernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) me informó que, por instrucciones suyas, debía separarme del cargo de directora general de Auditoría Forense de la ASF a más tardar el 31 de mayo” (ayer jueves). Tanto la forma y las condiciones de la solicitud, como el fondo del asunto, me parecen tan sorpresivas como improcedentes”, agrega.
La funcionaria federal explica que tiene una trayectoria de 13 años en la Auditoría y que el trabajo que presidió, desde la Cuenta Pública 2012, permitió detectar “irregularidades graves” en el manejo de recursos públicos. Buchahin presidió las auditorías descubrieron el desvío de alrededor de 7 mil 700 millones de pesos a través de un esquema de simulación en el que se contrató en inicio a universidades y después se utilizaron otras dependencias del Estado, con el fin de evitar licitaciones y buscar eludir la fiscalización del presupuesto federal. La funcionaria señala que permanecerá en su cargo hasta el 21 de junio próximo, una vez que concluya con las responsabilidades que tiene encomendadas. La carta la giró con copia de la carta al presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Luis Maldonado, y al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados. Y en tres puntos ennumera las razones por las que sustenta que es improcedente su destitución: “1. Durante mis 13 años ininterrumpidos en labores de auditoría y fiscalización dentro de esta institución, me he conducido con pulcritud absoluta y, a pesar de que el AECF y usted mismo expresaron su reconocimiento a los resultados altamente relevantes de las auditorías a mi cargo -investigaciones premiadas incluso a nivel internacional-, al preguntar por las razones de mi separación, no hubo ninguna mas que la obediencia a la ya mencionada instrucción superior. Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura. “2. Actualmente están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves por 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017. “3. Llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general –área técnica responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías-, a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los informes de auditoría desde 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación. Los montos desviados alcanzan los 7,700 millones de pesos e involucran a funcionarios de SEDESOL, SEDATU, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones. Tras hacer estas precisiones, Buchahin pide se le informen las razones claras para su destitución, tras más de una década de trabajo y resultados, lo cual ante los intereses que pudieron ser afectados por las revelaciones, la dejarían en riesgo y si la protección que amerita.
Conforme a mi derecho y ante la relevancia del caso, solicito saber con precisión sus razones para separarme del cargo y de igual manera dejar claro la vulnerabilidad de mi persona al haber encabezado las investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad”. Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad”.