Foto: Cuartoscuro

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Jonathan Nácar

Sólo por dos de los ocho delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó a su exfiscal antisecuestros, Gualberto Ramírez Gutiérrez, un juez federal resolvió vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos y simulación de pruebas, los cuales no ameritan prisión preventiva oficiosa y el exfuncionario podrá enfrentar su juicio en libertad.

Tras una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó no vincular a proceso al extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por los delitos de robo agravado, contra la salud, asociación delictuosa, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y contra la administración de justicia de los que lo acusó la FGR.

Como medidas cautelares para el proceso de investigación en contra del exzar antisecuestros, el juez le impuso la obligación de acudir semanalmente al Centro de Justicia para firmar la asistencia de procesados; le fue retirado su pasaporte en garantía de que no abandone el país, y le fue restringido a las instalaciones de la actual Fiscalía.

En la misma diligencia del caso, el juzgador determinó que no existían elementos suficientes, ni si quiera indicios de la presunta responsabilidad de los abogados Javier Coello Zuarth y Luis Octavio Pérez Pozos en los delitos que les fueron imputados por el Ministerio Público federal derivado de la misma causa penal 409/2019 en la que se acusó a Gualberto Ramírez y otras nueve personas; por lo que resolvió la  no vinculación a proceso.

De acuerdo con la denuncia presentada en mayo del año pasado por la señora Patricia Moller Vuilleumier, ante la entonces Visitaduría General de la desaparecida PGR, hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR que encabeza Adriana Campos López; la quejosa señaló a su exesposo el empresario Juan Pablo González Cimadevilla de encabezar una presunta red de complicidades con funcionarios federales, abogados y empresarios que supuestamente buscaban perjudicarla a ella y su familia.

En dicha red, según la pesquisa de la FGR, Javier Coello Zuarth, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; y Luis Octavio Pérez Pozos, colaborador del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, habrían fungido como los presuntos confabuladores para que Gualberto Ramírez y personal de la unidad a su cargo efectuaran un cateo en un domicilio de la señora Moller donde los agentes federales habrían ‘sembrado’ droga y armas.

Con la no vinculación a proceso de dos de los imputados centrales por la FGR, la vinculación del exfiscal con sólo dos de los ocho delitos que se le imputaron; y la vinculación a proceso de cuatro agentes de Interpol-México, igualmente con menos delitos de los formulados por el ministerio público, las pesquisas de la Fiscalía sobre este caso con jurisdicción en el estado de Jalisco advierten ciertas inconsistencias, según las resoluciones judiciales.

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