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Jonathan Nácar

EmmaGabriela

jonathanjnd@ejecentral.com.mx

Las autoridades sabían que estaba en riesgo y nada hicieron. La abandonaron. Ema Gabriela Molina Canto fue asesinada hace siete semanas, pero su sentencia de muerte se dictó cinco años atrás.

Lo que hicieron las autoridades tiene nombre: comisión por omisión, me dijeron los abogados, y eso los hace igual de culpables por no hacer nada”, pareciera que así se puede resumir esta historia de persecución y muerte, de dolor y frustración, sostuvo Ligia Teresita Canto Lugo, madre de Ema Gabriela.

La violencia que sufrió la joven yucateca no inició el 25 de mayo de 2012, cuando a punta de armas de grueso calibre fue detenida, golpeada y despojada de sus tres pequeños hijos, acusada de robo, un delito que jamás cometió. Fue ese el punto de quiebre y la declaración de guerra que le lanzó su esposo, Martín Alberto Medina Sonda, político-empresario con poder en el sureste mexicano, quien hace unas semanas fue acusado de ordenar y pagar por el asesinato de su exesposa.

¡Te voy a aplastar como cucaracha!”, le repitió decenas de veces.

Aunque en agosto de 2016 su nombre se incluyó en el Registro Nacional de Víctimas, por el constante acoso, las medidas de protección nunca les fueron brindadas.

“Si ellos hubieran cumplido mi hija seguiría viva”, sentenció doña Ligia.

Con su muerte, esta historia no terminó. Las amenazas continúan contra Ligia Canto, suegra de Medina Sonda, quien conserva la custodia de sus nietos. ejecentral reconstruyó esta historia desde entrevistas y documentos oficiales.

> Aunque en agosto de 2016 el nombre de Ema Gabriela Molina se incluyó en el Registro Nacional de Víctimas, las medidas de protección nunca llegaron  le fueron brindadas.

Ladrona y mala madre

En la década pasada el trabajo de él los había llevado a residir en Tabasco, en donde tenían su casa y tres hijos.

Pero en noviembre de 2007 su vida sufrió un giro de 180 grados, cuando en plena crisis por la inundación de Tabasco, fue asegurada una avioneta en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, procedente de Tabasco con una maleta que contenía ocho millones de pesos, destinados a Alberto Medina para la compra de terrenos en esa entidad.

Así descubrió Ema Gabriela que su esposo estaba involucrado en negocios turbios como amigo, socio y presunto prestanombresde José Manuel Saiz Pineda, quien fue tesorero en el gobierno de Tabasco durante la administración de Andrés Granier Melo, y actualmente está preso en el penal de Tabasco, por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

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›Al año siguiente, en 2008, el matrimonio Medina-Molina se fracturó. Gaby se regresó a Mérida con su familia y Martín Alberto se quedó en Tabasco para continuar con las operaciones en favor de la red del gobierno tabasqueño que finalmente involucró el uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, pero al mismo tiempo comenzó la persecución contra su esposa.

A manera de venganza, Alberto Medina acusó a su ya entonces expareja del supuesto abandono y maltrato de los niños. Al final no prosperó por falta de evidencias y falsos fundamentos. Después le “regaló” una camioneta con la promesa de ponerla a su nombre; en lugar de eso la acusó de “retención ilegal” del vehículo.

La orden de aprehensión girada en Tabasco, se cumplimentó en Mérida en una operación organizada por agentes tabasqueños vestidos de civil, que se asemejó más a un secuestro que a una detención, según los testigos. Pasó cuatro meses presa en un penal de Tabasco, hasta que demostró su inocencia.

Mientras Gaby Molina permaneció en prisión, su exesposo emprendió una lucha mediática y aparentemente legal con amparos y apelaciones para arrebatarle la custodia de sus tres hijos: Mariana, Martín e Isabella, pues para entonces Martín Medina sólo podía verlos cada fin de semana, bajo supervisión, indicando lugares y teléfonos de contacto de dónde estarían, y con la restricción de que los pequeños no podían salir de Yucatán. Y lo logró.

Desde febrero de 2011, cuando la pareja se divorció legalmente, la juez Primero de lo Familiar de Yucatán, Sandra Bermejo Burgos, otorgó la guardia y custodia de los niños a su madre, y fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia.

Para septiembre de 2012, cuando Ema recuperó su libertad y regresó a Mérida para reclamar la custodia de sus hijos, la juez se la negó, a pesar de haber sido absuelta, y fue más lejos. La misma juzgadora, detalló Ligia Canto, “inventó una figura, un término que no existe para cederle la custodia de mis nietos a los papás de este señor Alberto Medina”.

El 18 de octubre de 2012, nombró a Juana María Sonda Herrera, madre de Martín Alberto, como tutriz de los tres niños, apoyada en un memorial que presentó en septiembre de ese año, Martín Medina, donde manifestó que como él trabajaba y salía de viaje por negocios, dejaba a sus hijos al cuidado de su mamá.

Tercera acusación

Un mes tardó, entre expedientes y pruebas, en recuperar la custodia de sus hijos. En noviembre de 2012, logró eliminar la figura de institutriz, que la ley no contempla, y con la sentencia en la mano, ante la negativa para que la familia de Medina Sonda le entregara a sus hijos, Ema Gabriela inició manifestaciones, plantones y una huelga de hambre, incluso en silla de ruedas, pues cuando estuvo presa en Tabasco se contagió de dengue hemorrágico.

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Tocó todas las puertas: pidió atención a las autoridades de todos los niveles, envió oficios, escribió cartas y nada. Incluso dos veces, tanto ella como su madre, lograron vencer la seguridad de Enrique Peña Nieto para pedir su intervención en el rescate de sus hijos. La primera ocasión fue unos días después de asumir la Presidencia, el 21 de diciembre de 2012, y en esa ocasión la esposa del mandatario, Angélica Rivera, prometió a Ema que le ayudarían en la recuperación de sus hijos.

En febrero de 2013, Ema Gabriela debió enfrentar una tercera acusación penal, ahora por defraudación fiscal, supuestamente en la Ciudad de México. Mientras sus abogados probaban su inocencia, ella estuvo resguardada para evitar la cárcel por segunda ocasión, mientras Ligia Teresita, continuaba en la lucha por recuperar a sus nietos. El caso contra Gaby se cayó porque falsearon el domicilio donde supuestamente se le notificó, presentaron a un testigo que usó documentos falsos y la acusación sostenía que ella, junto con otras personas, habían cometido fraude en los días que estuvo presa en Tabasco.

“Durante ese tiempo, yo fui la voz de mi hija, yo me manifestaba, buscaba a mis nietos y le di continuidad a lo que mi hija inició. Gaby sufrió mucho, durmiendo lloraba, no comía, se le caía el pelo, fue una tortura; estaba encerrada y yo veía cómo se consumía en vida. Fue una tortura, fue inhumano. Justo en ese tiempo también, a principios de 2013, fue cuando hicimos conexión con la PGR y nos apoyaron para emitir las fichas de búsqueda de mis nietos como parte del programa Ayúdanos a regresar a casa”, recordó.

Un poco de ayuda

Cuando no pudo acusar a su exesposa se fue contra su suegra.

Por hacer tanto ruido e incomodar a tanta gente, en agosto de 2014, a mí me detienen por clonación de tarjetas y falsificación de documentos (…) Agentes federales me detuvieron y me llevaron a Puente Grande por una acusación en la que estábamos yo y uno de mis hijos. Me llevan por tierra, me incomunican y me exigen que les diga el paradero de mi hija, pero tras 10 días me dejan libre porque obviamente todo era fabricado: una de las personas que supuestamente me acusaron no existía, y la otra había fallecido dos años antes”, relató la madre de Ema.

Después de aquellos meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación a su favor, y luego la Fiscalía General de Yucatán difundió una “prealerta” para la búsqueda y presentación de los menores. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada los localizó en diciembre de 2014, dos años después de ser separados de su madre.

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CRIMEN

El 27 de marzo pasado, Ema Gabriela, quien estaba acompañada de sus hijos, fue asesinada a cuchilladas por dos sujetos en su domicilio.

“El 31  de  octubre  de  2014, la CNDH emitió  la Recomendación 54/2014, en la cual se acreditaron violaciones a los derechos humanos de la señora Molina Canto, de su madre y de sus menores hijos, en particular a los derechos de las víctimas a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia; sin embargo, las autoridades recomendadas no han dado cumplimiento a la citada Recomendación, pues la Procuraduría General de la República ha atendido solamente tres de las cinco recomendaciones específicas; en tanto, ni el Gobierno de la Ciudad de México, ni el Gobierno de Tabasco han cumplido las cinco recomendaciones específicas que se le dirigieron”, señaló el organismo.

Los tentáculos del poder

Las amenazas, el acoso y la violencia contra Gaby no cesaron. Aunque Alberto Medina estaba preso por el delito de sustracción de menores, y después se le fincó el delito de lavado de dinero por su presunta participación en negocios en los que se involucró durante el gobierno de Granier Melo, la familia Medina Sonda seguía atacando a Gabriela. “Les dijeron a mis nietos que por culpa de su mamá su papá estaba en la cárcel, los niños tenían psicólogas de planta para cambiarles el cassette, adoctrinarlos y modificarles todos sus recuerdos, pero nada pudo como el amor de mamá, y mi hija pudo ganárselos de nuevo.

Desde entonces recibíamos llamadas de números de todo el país amenazándonos de muerte, y la familia de Medina Sonda sacaba costosos desplegados en contra de mi hija y nuestra familia”, acusó Canto Lugo. Pese a haber solicitado las medidas acogidas en el sistema de protección de víctimas, la tarde del 27 de marzo de este año, en el fraccionamiento San Luis donde tenía su hogar en Yucatán, Ema Gabriela, quien estaba acompañada de sus hijos, fue asesinada a cuchilladas por dos sujetos que irrumpieron en su domicilio. Al día siguiente, la señora Ligia reveló ante medios locales la recepción de un mensaje con la amenaza: “Tú eres la siguiente”.

“En el juzgado ya tenían la recomendación, en el Tribunal Superior, en la fiscalía del estado, donde claramente la CNDH decía estas personas son víctimas, y de oficio debieron allegarse de la ley de víctimas y darnos la protección, pero todo mundo evadió la responsabilidad”, acusó la abuela de 60 años. Aunque por el momento Ligia Canto cuenta con medidas de protección, no es suficiente para sanarla ni quitarle el miedo que tiene, pues aseguró que la familia de Alberto Medina es violenta: “los conozco, sé lo que han hecho, sé lo que le hicieron a mi hija, yo lo he vivido en carne propia, para ellos no hay escrúpulos, no hay límite y estoy totalmente segura de que participaron, en menor o mayor medida no lo sé eso ya se sabrá, de lo que le ocurrió a mi hija”.

El lunes 24 de abril, un mes después del asesinato de Ema, Alberto Medina, fue preso en Tabasco, vinculado a proceso por feminicidio agravado; le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva, toda vez que el juez de control en Yucatán, Luis Edwin Mugarte Guerrero, contó con los elementos suficientes para ubicarlo como presunto autor intelectual del homicidio de Gaby.

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