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Jonathan Nácar

En un hecho sin precedentes que busca acabar con el índice de más del 90% de impunidad que hay entorno al asesinato de periodistas en el país, el Estado mexicano será llevado a juicio a nivel internacional ante el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas.

Se trata de una iniciativa impulsada por las organizaciones defensoras de la libertad de prensa: Free Press Unlimited (FPU), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que en noviembre próximo presentará en la Corte Penal Internacional de La Haya, la denuncia de tres casos de periodistas asesinados en tres diferentes países en los que la exigencia de justicia será llevada a juicio contra los gobiernos de México, Sri Lanka y Siria.

El asesinato que buscará ser un parteaguas para visibilizar la impunidad del asesinato de periodistas en México es el de Miguel Ángel López Velasco, ocurrido en Veracruz en 2011 durante el gobierno del hoy preso Javier Duarte. Un caso que Balbina Flores, representante de RSF señala como emblemático, pues además de que fue asesinada su esposa e hijo, a más de una década de distancia “nunca se detuvieron a los autores materiales ni intelectuales”.

El gobierno de México será llevado a juicio ante la Corte Penal Internacional de La Haya por el asesinato del periodista Miguel Ángel López Velasco, ocurrido en junio de 2011 durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. La audiencia de apertura del juicio será el próximo 2 de noviembre y en marzo de 2022 iniciaría el juicio en nuestro país, donde a la fecha más del 92% de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad.

La iniciativa surge a partir de la propuesta de tres organizaciones defensores de la libertad de prensa y los derechos de los periodistas para establecer un “Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas” en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), una “tribuna permanente” encaminada a los Estados rindan cuentas sobre violaciones del derecho internacional, como lo son los crímenes contra los periodistas y la libre expresión.

“Un primer objetivo es visibilizar a nivel internacional la situación de impunidad que hay entorno al asesinato de periodistas en México, haciendo un análisis de las fallas de la justicia que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, en busca del acceso a la justica, la reparación integral a las víctimas y el derecho a la verdad que no se ha considerado”, explicó a ejecentral Balbina Flores Martínez, corresponsal de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Precisamente RSF, junto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Free Press Unlimited (FPU) son las organizaciones impulsoras de este “mecanismo alterno de justicia”, sin precedentes en México como un de los tres países, incluyendo a Sri Lanka y Siria, a cuyos gobiernos se les exigirá rendir cuentas en cuanto a tres casos en particular, que en una primera instancia “la acusación es en contra del Estado mexicano” y conforme avance el juicio se fincarán responsabilidades hacia las instituciones y funcionarios en específico, explicó la activista.

Para Reporteros Sin Fronteras, el asesinato de Miguel Ángel López “Milo Vela”, como firmaba su columna diaria Va de nuez en el periódico Notiver de Veracruz resulta emblemático, pues aunado a que su hijo menor de edad, fotógrafo del mismo diario, y su esposa también fueron víctimas mortales, a más de una década de la tragedia ningún responsable ha sido presentado ante las autoridades.

“Tenemos una lista enorme de casos de periodistas asesinados, pero este caso implicó el asesinato de toda una familia, es Milo Vela, su hijo Misael quien también era periodista, y su esposa; e implicó el desplazamiento de sus hijos, es un caso que reúne muchas cosas encima de la impunidad que hay entorno nunca se detuvieron a los autores materiales ni intelectuales y no se ha hablado más del caso”, acusó Balbina Flores.

Al señalar que aún se encuentran en la integración del caso, que abarca documentación y demás pruebas recopiladas a lo largo de estos 10 años, en un proceso que además se cuenta con el respaldo de la familia de Miguel Ángel López, la representante de RSF señaló que considerando el 92% de impunidad que persiste en México con los asesinatos de periodistas “por lo menos más de la mitad podrían entrar en este mecanismo”, aseguró.

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